La regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno abre un ángulo económico bastante más interesante que el puramente político. Nadie espera que surja empleo de la nada, pero, en cambio, todo apunta a que parte del trabajo que ya existe dentro de la economía sumergida se visibilizará.
La medida, dirigida a personas migrantes que ya estaban en España antes del 1 de enero de 2026, exige, entre otros requisitos, cinco meses de permanencia ininterrumpida y permite solicitar una autorización de residencia y trabajo en el país.
Trabajo que ya existe
Ese es el primer punto relevante del que hablan los medios: el impacto esperado no está tanto en generar nuevos puestos de trabajo como en hacer visible, regular y generar cotizaciones en actividades que, en muchos casos, se realizan en la precariedad.
Es un punto clave en sectores donde la informalidad o la vulnerabilidad administrativa pesan más, como los cuidados, la agricultura, la hostelería, la logística y parte del sector de la construcción.
En ese sentido, la regularización puede actuar como un mecanismo de afloramiento de empleo sumergido: no inventa actividad, pero sí puede empujarla hacia el circuito legal.
Más peso del trabajador extranjero
El contexto laboral español ayuda a entender por qué el asunto importa. La Seguridad Social registró en marzo una afiliación media de 21.882.147 personas, mientras que los trabajadores extranjeros marcaron un nuevo máximo con 3.151.563 afiliados, que corresponde al 14,4% del total.
De este modo, la inmigración no es un fenómeno marginal dentro del empleo español, sino una parte cada vez más estructural del propio mercado laboral.
Pese a que no existen registros completos del empleo irregular, distintas organizaciones y centros de análisis sitúan en más de medio millón el número de personas migrantes en situación administrativa irregular en España, una bolsa de población especialmente expuesta a empleo informal, precariedad y relaciones laborales más vulnerables.
Por esta razón, cualquier medida que permita trasladar empleo irregular a empleo formal tiene también un efecto directo sobre la calidad del mercado y sobre la base de cotizantes: salir de una situación irregular no solo permite trabajar legalmente, sino que da más margen para cambiar de empresa, moverse entre sectores o buscar empleo en otros territorios sin quedar atrapado en relaciones laborales más abusivas o informales.
Ese factor puede ser relevante en una economía donde siguen existiendo problemas de cobertura en determinadas ocupaciones. El propio SEPE mantiene su catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, precisamente para reflejar aquellos puestos cuya gestión resulta más complicada por falta de candidatos adecuados.
Más cotizaciones, más recaudación
La otra cara que se deriva de esta decisión regulatoria es fiscal y contributiva. Si una parte del trabajo que hoy sigue moviéndose en la informalidad pasa a declararse, el efecto inmediato se notará en la afiliación y, con ella, en las cotizaciones sociales.
Puede parecer una cuestión complementaria, pero las cifras apuntan a todo lo contrario. La Seguridad Social informó a finales de marzo de que los ingresos por cotizaciones crecieron un 7,8% interanual en los datos acumulados hasta febrero, hasta alcanzar los 31.122 millones de euros.
En un sistema que necesita consolidar ingresos para sostener el gasto futuro, ampliar la base de cotizantes tiene una lógica económica evidente: este es el núcleo económico de la medida.
Desde ese punto de vista, el beneficio potencial no se limita al trabajador que gana derechos y margen de movilidad, sino también al propio mercado: aflora actividad, mejora la trazabilidad del empleo y se refuerza la recaudación vinculada al trabajo.
Además, el proceso está diseñado precisamente para personas que ya residían en España antes del 1 de enero de 2026 y acrediten una permanencia continuada mínima de cinco meses, lo que refuerza la idea de que hablamos sobre todo de ordenar una realidad ya existente.
Sin embargo, conviene no sobredimensionar el alcance que puede tener. Esta regularización puede ayudar a reducir una parte de la economía sumergida, pero no resolverá por sí sola ni la escasez de mano de obra en determinados sectores ni los problemas estructurales de actividades acostumbradas a operar con alta rotación, salarios bajos o condiciones especialmente duras.
Tampoco corregirá, por arte de magia, las distorsiones de productividad del mercado laboral español sobre las que hemos hablado en este medio.
Su efecto real dependerá, en buena medida, de algo mucho menos vistoso que el anuncio político: la capacidad administrativa para tramitar expedientes con rapidez suficiente. El propio Ministerio ha planteado la medida como una regularización extraordinaria de personas que ya viven en España, pero para que ese impacto se traduzca pronto en más empleo formal y más cotización hará falta una ejecución rápida.
La regularización no cambia por sí sola el modelo productivo español, pero sí puede reforzar una idea básica: cuando el trabajo que ya existe entra en el circuito legal, gana el trabajador, gana la competencia y gana también la recaudación pública.
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La noticia
Menos economía sumergida, más cotizaciones. Este es el efecto laboral que se espera de la regularización extraordinaria de migrantes
fue publicada originalmente en
El Blog Salmón
por
Javier Ruiz
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