Sánchez silencia a Yolanda Díaz tras sus citas con los fondos de EE UU: «No tiene impacto»

Las palabras de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuestionando la ruta de Pedro Sánchez en Estados Unidos y sus encuentros con los fondos de inversión no preocupan al entorno del presidente. Díaz afirmó que el Ejecutivo debe velar por los “derechos de los trabajadores”, calificó a los fondos de entidades “que están para ganar dinero” y apostó por no ofrecer ventajas fiscales si destinan dinero a España. Esas declaraciones en plena gira económica del presidente no pueden satisfacer a ministerios como Exteriores e Industria, aunque en el Ejecutivo se muestran relajados: “Yolanda Díaz no tiene ningún impacto”.

El pasado jueves, desde El Escorial, así había afirmado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo: “Entiendo la reflexión de los fondos de inversión, su objetivo es ganar dinero. Pero los gobernantes tenemos que defender a nuestro pueblo y nuestro país. Tenemos otro objetivo central, y más en un Gobierno progresista, que es redistribuir la renta».

Estas declaraciones han llegado en pleno viaje de Sánchez a Nueva York y California para intentar convencer a las entidades financieras norteamericana a invertir en España cuando termine la emergenica de la covid. El objetivo de la Moncloa es “anticiparse” a otros países del entorno comunitario para ofrecer a los inversores de Estados Unidos buenas condiciones y prometer la seguridad jurídica necesaria para la nueva fase de recuperación económica. Italia y Francia, en cambio, han apostado por la vacunación masiva con el pasaporte covid para atraer a esos fondos.

Los fondos de la «trama»

Más allá de la cuestión de las ventajas fiscales, en Podemos se muestran incómodos en ver al presidente del Gobierno reuniéndose con entidades como Blackstone, muy crítica por los morados por su política con las viviendas vacías. Temen que Sánchez consolide su relación con el fondo frenando la Ley de vivienda, con medidas como la fijación de los precios del alquiler, que Podemos quiere aprobar cuanto antes. En el caso de BlackRock, en Podemos recuerdan que este fondo estuvo en su diana durante la campaña de “la trama”, en la que también se señalaban a empresas del Ibex-35.

Pablo Iglesias fue un firme partidario de aquella campaña diseñada por Honrubia y Del Olmo, tras la lectura del libro de Rubén Juste sobre el poder de los lobbies y el Ibex-35. Iglesias se quedó fascinado por ese libro, y quiso aplicar una reflexión parecida sobre algunos dirigentes políticos y periodistas para aggiornare la tesis de las castas, con la que Podemos irrumpió en la política nacional.

Polémica mediática

Las declaraciones de Yolanda Díaz, no obstante, no preocupan en los ministerios más interesados en la llegada de dinero del otro lado del Atlántico. Fuentes gubernamentales aseguran que en los círculos del poder financiero norteamericano lo que interesa es la palabra del presidente, y el hecho de que esté celebrando reuniones presenciales con ellos. Reducen a una polémica “mediática” las palabras de Díaz, con impacto únicamente en España.

Aun así, todos saben que antes de ejecutar o plantear una inversión los fondos suelen hacer estudios económicos y políticos para calcular el riesgo de la operación. Y que en esos documentos entrarán las críticas de Díaz. Aunque en el Ejecutivo están seguros: no decantarán la balanza. “Si necesitan aclarar algo, llamarán a Calviño y Escrivá, no a Yolanda Díaz”, afirman las fuentes consultadas.

La falta de llegada de Díaz y de otros dirigentes de Podemos en los círculos financieros de Norte América es sin duda una ventaja para Sánchez. Aunque en la oposición creen que, además de la presencia de Podemos, es la postura sobre Cuba que puede frenar algunos acuerdos. El pasado viernes, unos 400 políticos y artistas afines al castrismo han difundido un manifiesto en Estados Unidos pidiendo el fin del embargo y la no injerencia en los asuntos de la isla. Entre los firmantes del documentos también se encuentran diputados de Unidas Podemos.

Podemos empieza a asumir los costes de la purga: primer pago de 19.000 euros

Podemos ha preferido pagar una indemnización de 19.000 euros a través de la vía extrajudicial por una demanda de despido improcedente de una exasesora parlamentaria en Valencia. La demanda formaba parte de un grupo de denuncias tras la purga desatada en la región cuando Pilar Lima, la dirigente afín a la dirección nacional, se hizo con el control del grupo parlamentario y aisló a Naiara Davó, la exportavoz. Podemos alegaba razones económicas, pero evitó el juicio tras la demanda de su extrabajadora, que podía incluso acabar en una condena por violación de los derechos fundamentales.

Es la primera condena en un bloque de denuncias que preocupan en el partido morado, porque de repetirse ese esquema la formación podría enfrentarse a otras indemnizaciones por cifras semejantes, o incluso mayores. En el caso de la demandante, Podemos intentó asumir en un primer momento una indemnización de 6.000 euros, pero prefirió triplicar esa cifra para evitar ir a juicio. La trabajadora pedía poderse reincorporar en el grupo parlamentario y el pago lo deberá asumir Podemos nacional.

En otra demanda, de la que también informó Vozpópuli en exclusiva, Podemos asumió un pago de 8.000 euros, aunque en ese caso la trabajadora, que formaba parte del equipo de redes sociales, alegó incluso acoso laboral y «persecución política». Después de ese caso, los letrados del partido morado dejaron entender que su posición iba a ser un enfrenamiento directo contra sus demandantes, aunque en la mañana del pasado miércoles cambiaron de repente su postura.

Cuatro años en el partido

La demandante indemnizada el miércoles llevaba trabajando para el partido unos cuatro años, y como ella otros exasesores y trabajadores quieren ir a juicio si Podemos se niega a reincorporles o asumir una indemnización mayor del previsto. La clave de este precedente es que el caso de la última trabajadora se enmarca un la batería de demandas que el partido recibió tras una purga lanzada entre enero y febrero de este año. En todos los casos mencionados, los demandantes acusan directamente a la dirección nacional de Podemos de ceses improcedentes.

El equipo de la nueva lideresa de Podem en Valencia justificó en su día la medida porque la labor de asesoría de los extrajabadores resultaba «incompatible con las actuales directrices». Pero la puesta en marcha del despido se ocultó a la mitad del grupo parlamentario para evitar un enfrentamiento o debate interno. El cese llegó con nocturnidad y fue escondido a Naiara Davó, que ejercía el cargo de portavoz parlamentaria antes de la promoción de Pilar Lima.

Fuentes del partido morado sostuvieron entonces que el relevo se debía por la la voluntad del equipo de Lima de hacerse con los recursos públicos recibidos por las Cortes. Y esa decisión se sumó a unas sospechas sobre las últimas primarias en la Comunitat Valenciana, ganadas por la candidata oficialista por tan solo 38 votos. Algunos miembros de Podemos sospechan que no se hayan contabilizado algunos votos alegando razones técnicas poco solventes. Hubo al menos 180 votos en blanco.

El Congreso y Andalucía

La purga en Valencia es la última lanzada por la dirección, aunque Podemos suma quejas y casos judiciales abiertos. En marzo de 2019, los despidos afectaron al grupo político en el Congreso de los Diputados. También en ese caso, Podemos optó por echar a 11 empleados con 20 días de indemnización. En ese caso, la purga afectó a los trabajadores considerados afines a Íñigo ErrejónLuego llegó la polémica en Andalucía, con el sector anticapitalista que acusó a Podemos de querer quedarse con los fondos públicos.

Después del verano, según ha podido saber este diario, se esperan al menos otros dos juicios por casos similares a la trabajadora indemnizada el miércoles. El coste para la formación morada podría ser en este caso incluso mayor. Y se sumaría al pago ya efectuado en los polémicos despidos de la exescolta de Irene Montero (cuya cifra es secreta aunque en Podemos se habla de unos 50.000 euros) y del exabogado José Manuel Calvente, a quien el partido tuvo que indemnizar tras un caso falso de acoso sexual. De purga en purga, el partido ahora liderado por Ione Belarra puede acabar pagando más de 100.000 euros en indemnizaciones laborales.