{"id":138978,"date":"2026-06-07T02:01:10","date_gmt":"2026-06-07T08:01:10","guid":{"rendered":"https:\/\/pongara.net\/news\/la-ley-de-propiedad-horizontal-lo-confirma-la-comunidad-de-vecinos-no-puede-negarse-a-ciertas-obras-de-accesibilidad-si-lo-pide-un-mayor-de-70-anos\/"},"modified":"2026-06-07T02:01:10","modified_gmt":"2026-06-07T08:01:10","slug":"la-ley-de-propiedad-horizontal-lo-confirma-la-comunidad-de-vecinos-no-puede-negarse-a-ciertas-obras-de-accesibilidad-si-lo-pide-un-mayor-de-70-anos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pongara.net\/news\/la-ley-de-propiedad-horizontal-lo-confirma-la-comunidad-de-vecinos-no-puede-negarse-a-ciertas-obras-de-accesibilidad-si-lo-pide-un-mayor-de-70-anos\/","title":{"rendered":"La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: la comunidad de vecinos no puede negarse a ciertas obras de accesibilidad si lo pide un mayor de 70 a\u00f1os"},"content":{"rendered":"
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\n \"La\n <\/p>\n

Todos lo sabemos: las reformas en el portal pueden ser una de las acciones que provoquen m\u00e1s tensi\u00f3n en una comunidad. No solo por el coste de la derrama, sino porque en muchos edificios antiguos la accesibilidad choca con escaleras estrechas, patios interiores, huecos imposibles y viviendas que pueden verse afectadas por la obra.<\/p>\n

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Seg\u00fan recoge NoticiasTrabajo<\/a>, la Ley de Propiedad Horizontal protege de forma especial a los propietarios en cuya vivienda residan personas mayores de 70 a\u00f1os o personas con discapacidad. En esos casos, la comunidad no puede tratar determinadas obras de accesibilidad como una simple mejora opcional.<\/p>\n

La accesibilidad puede ser obligatoria aunque no haya acuerdo previo<\/h2>\n

El punto central est\u00e1 en el art\u00edculo 10.1.b) de la Ley de Propiedad Horizontal<\/a>. La norma establece que tienen car\u00e1cter obligatorio \u201clas obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal\u201d cuando las soliciten propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios personas con discapacidad o mayores de setenta a\u00f1os.<\/p>\n

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\"Articulo<\/p><\/div>\n<\/div>\n

En la pr\u00e1ctica, esto puede incluir rampas, ascensores u otros dispositivos mec\u00e1nicos<\/strong> que permitan usar adecuadamente los elementos comunes del edificio. Y aqu\u00ed est\u00e1 el detalle importante: estas obras no necesitan acuerdo previo de la junta de propietarios cuando el coste repercutido anualmente, una vez descontadas las ayudas p\u00fablicas, no supera doce mensualidades ordinarias de gastos comunes<\/strong>.<\/p>\n

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Es decir, la comunidad no puede limitarse a decir que no porque la obra no le convenga o porque parte de los vecinos no la vaya a utilizar. La ley convierte determinadas actuaciones en una obligaci\u00f3n cuando est\u00e1n vinculadas a la accesibilidad de personas mayores o con discapacidad.<\/p>\n

La norma va incluso m\u00e1s all\u00e1. Estas actuaciones pueden implicar la modificaci\u00f3n de elementos comunes, del t\u00edtulo constitutivo o de los estatutos de la finca. Y si el coste supera el l\u00edmite de doce mensualidades, eso no elimina por s\u00ed solo el car\u00e1cter obligatorio de la obra si la diferencia la asumen quienes la han solicitado.<\/p>\n

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El coste no es el \u00fanico problema: tambi\u00e9n cuentan las servidumbres<\/h2>\n

La accesibilidad en edificios antiguos suele tener una derivada inc\u00f3moda: a veces no basta con actuar en el portal o en la escalera. Puede ser necesario afectar a zonas comunes o incluso generar servidumbres sobre espacios vinculados a viviendas o locales.<\/p>\n

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Por eso entra en juego el art\u00edculo 9.1.c) de la Ley de Propiedad Horizontal,<\/a> que obliga a los propietarios a consentir en su vivienda o local las servidumbres imprescindibles para ejecutar obras, actuaciones o crear servicios comunes conforme a la ley.<\/p>\n

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\n \"Si
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\n En Decoesfera<\/a>\n <\/div>\n

Si en tu comunidad de vecinos hay mayores de 70, no tienes que aprobar en junta las obras para poner un ascensor o una rampa, seg\u00fan la Ley de Propiedad Horizontal<\/a>\n <\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n

Eso s\u00ed, no se trata de una carta blanca. La propia norma reconoce el derecho del propietario afectado a ser indemnizado por los da\u00f1os y perjuicios ocasionados. La clave, por tanto, no est\u00e1 solo en si la comunidad debe facilitar la accesibilidad, sino en c\u00f3mo se reparte el coste econ\u00f3mico y patrimonial de hacerla posible<\/strong>.<\/p>\n

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El derecho existe, pero no se impone autom\u00e1ticamente en cualquier caso<\/h2>\n

El punto m\u00e1s delicado es que este derecho no es absoluto. Los tribunales han recordado que la accesibilidad debe compatibilizarse con el derecho del resto de propietarios a no sufrir perjuicios graves en sus viviendas o elementos privativos.<\/p>\n

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Un ejemplo reciente es la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de diciembre de 2025<\/strong>, citada por el texto original. En ese caso, el tribunal aval\u00f3 que una comunidad de propietarios paralizara la instalaci\u00f3n de un ascensor solicitada por varios vecinos mayores de 70 a\u00f1os, entre ellos una mujer de 82 a\u00f1os<\/strong> con una discapacidad del 65%<\/strong>.<\/p>\n

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\n \"\u201cNo
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\n En Xataka Smart Home<\/a>\n <\/div>\n

\u201cNo voy a usar el ascensor\u201d ya no sirve como excusa. Los tribunales dan la raz\u00f3n a esta comunidad y toca pasar por caja<\/a>\n <\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n<\/div>\n

La raz\u00f3n no fue que la comunidad pudiera ignorar la petici\u00f3n. Fue otra: el proyecto concreto causaba perjuicios graves a otras viviendas del edificio. Seg\u00fan la resoluci\u00f3n citada, la obra afectaba de forma relevante a elementos privativos y a la habitabilidad de algunos inmuebles.<\/p>\n

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La Audiencia Provincial record\u00f3 que el art\u00edculo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal reconoce el derecho a exigir obras de accesibilidad, pero ese derecho no puede aplicarse de manera autom\u00e1tica cuando la intervenci\u00f3n provoca una afectaci\u00f3n desproporcionada sobre otros propietarios.<\/p>\n

Para llegar a esa conclusi\u00f3n, el tribunal se apoy\u00f3 en la doctrina del Tribunal Supremo, especialmente en la resoluci\u00f3n de 10 de marzo de 2016<\/a>, que obliga a ponderar los dos intereses en conflicto: el derecho a la accesibilidad y el derecho de los dem\u00e1s vecinos a no sufrir alteraciones graves en sus viviendas o elementos privativos.<\/p>\n

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La junta tambi\u00e9n puede aprobar la obra por mayor\u00eda<\/h2>\n
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\"Junta\"<\/p><\/div>\n<\/div>\n

Adem\u00e1s de las obras obligatorias del art\u00edculo 10, la Ley de Propiedad Horizontal contempla otra v\u00eda: que la comunidad apruebe actuaciones para eliminar barreras arquitect\u00f3nicas mediante acuerdo de la junta.<\/p>\n

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Aqu\u00ed entra el art\u00edculo 17.2<\/a>. La norma permite aprobar obras o nuevos servicios comunes destinados a suprimir barreras arquitect\u00f3nicas con el voto favorable de la mayor\u00eda de propietarios que representen, a su vez, la mayor\u00eda de las cuotas de participaci\u00f3n.<\/p>\n

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Y el efecto econ\u00f3mico es importante: cuando el acuerdo se adopta v\u00e1lidamente, todos los propietarios quedan obligados al pago, incluso si el coste repercutido anualmente supera esas doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.<\/p>\n

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En otras palabras, la ley separa dos escenarios. Uno es el de las obras obligatorias solicitadas por mayores de 70 a\u00f1os o personas con discapacidad. Otro es el de las obras que la comunidad decide aprobar colectivamente para mejorar la accesibilidad del edificio.<\/p>\n

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La clave est\u00e1 en el caso concreto<\/h2>\n

La lectura econ\u00f3mica es evidente: la accesibilidad ya no puede entenderse como una mejora voluntaria o est\u00e9tica del inmueble. <\/strong>En muchos casos es una obligaci\u00f3n legal que puede acabar en derramas, obras complejas, negociaci\u00f3n de servidumbres e incluso indemnizaciones.<\/p>\n

Pero tampoco basta con invocar la edad o la discapacidad para imponer cualquier proyecto t\u00e9cnico. Cada caso exige analizar el impacto real de la obra, las alternativas disponibles y el perjuicio que pueda causar a otros propietarios.<\/p>\n

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La comunidad no puede negarse sin m\u00e1s a adaptar el edificio cuando la ley obliga a hacerlo. Pero la obligaci\u00f3n no elimina la necesidad de buscar una soluci\u00f3n proporcionada, viable y jur\u00eddicamente defendible.<\/p>\n

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Im\u00e1genes:<\/strong> generadas por Gemini.<\/p>\n