{"id":138352,"date":"2026-05-29T04:31:36","date_gmt":"2026-05-29T10:31:36","guid":{"rendered":"https:\/\/pongara.net\/news\/le-retiran-la-pension-de-invalidez-por-irse-de-viaje-a-marruecos-y-la-justicia-le-obliga-a-devolver-32-85720-euros-a-la-seguridad-social\/"},"modified":"2026-05-29T04:31:36","modified_gmt":"2026-05-29T10:31:36","slug":"le-retiran-la-pension-de-invalidez-por-irse-de-viaje-a-marruecos-y-la-justicia-le-obliga-a-devolver-32-85720-euros-a-la-seguridad-social","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pongara.net\/news\/le-retiran-la-pension-de-invalidez-por-irse-de-viaje-a-marruecos-y-la-justicia-le-obliga-a-devolver-32-85720-euros-a-la-seguridad-social\/","title":{"rendered":"Le retiran la pensi\u00f3n de invalidez por irse de viaje a Marruecos y la Justicia le obliga a devolver 32.857,20 euros a la Seguridad Social"},"content":{"rendered":"
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Cobrar una ayuda p\u00fablica exige cumplir a rajatabla una serie de requisitos de residencia e ingresos, y salt\u00e1rselos puede salir muy caro. Esto es lo que le ha ocurrido a una mujer que, tras pasar largas temporadas en Marruecos, se enfrenta ahora a una contundente reclamaci\u00f3n econ\u00f3mica de la Administraci\u00f3n. Tal y como explica la sentencia 1945\/2026 del Tribunal Superior de Justicia de Catalu\u00f1a<\/strong>, el fallo judicial confirma la decisi\u00f3n previa adoptada por el Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat de Catalu\u00f1a, desestimando de forma \u00edntegra el recurso de la demandante. El caso deja una lectura de fondo clara, tal como explican en Noticias Trabajo<\/a>: el control sobre el gasto social se recrudece y los requisitos normativos\u00a0<\/a>no admiten flexibilizaci\u00f3n.<\/p>\n

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El contador de d\u00edas fuera de Espa\u00f1a<\/h2>\n

La legislaci\u00f3n actual vigila de cerca los periodos que los perceptores de subsidios pasan fuera de las fronteras espa\u00f1olas. De acuerdo con los datos jur\u00eddicos del caso, la beneficiaria permaneci\u00f3 un total de 680 d\u00edas en el extranjero<\/strong> repartidos a lo largo de varios ejercicios: 135 d\u00edas en 2018, 136 d\u00edas en 2019, 260 d\u00edas en 2020 y 149 d\u00edas en 2021. Estas cifras rebasan con creces el l\u00edmite legal, que est\u00e1 fijado en un m\u00e1ximo de 90 d\u00edas por a\u00f1o natural<\/strong> de ausencia.<\/p>\n

La clave est\u00e1 en el art\u00edculo 10.2 del Real Decreto 357\/1991<\/a>, el cual estipula de forma n\u00edtida la obligaci\u00f3n de mantener la residencia en Espa\u00f1a para conservar este tipo de prestaciones no contributivas. El criterio de los magistrados determina que sobrepasar dicho tope temporal de 90 d\u00edas es un motivo autom\u00e1tico y suficiente para extinguir el derecho<\/strong> del ciudadano, sin necesidad de que la Administraci\u00f3n tenga que probar un traslado formal o permanente de la residencia habitual a otro pa\u00eds.<\/p>\n

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Un nivel de ingresos familiares desbordado<\/h2>\n

El absentismo territorial no fue el \u00fanico desencadenante de la retirada de la asignaci\u00f3n; la situaci\u00f3n financiera de su entorno dom\u00e9stico tambi\u00e9n quebrant\u00f3 los topes autorizados. En el a\u00f1o 2021, los recursos econ\u00f3micos de la unidad de convivencia de la afectada escalaron hasta los 73.291,08 euros<\/strong>. Esta cantidad se sit\u00faa a una distancia sideral del umbral m\u00e1ximo permitido por ley para su modelo familiar, que estaba establecido en torno a los 33.835,20 euros<\/strong>.<\/p>\n

La afectada conviv\u00eda con parientes directos dentro del mismo hogar. Aunque en el a\u00f1o 2013 este n\u00facleo familiar estaba compuesto por cinco integrantes, durante el periodo temporal analizado por el tribunal el n\u00famero de miembros se redujo a tres. A pesar de esta reducci\u00f3n de convivientes, los ingresos conjuntos del hogar se elevaron sustancialmente debido a que una de las hijas percib\u00eda de forma simult\u00e1nea una pensi\u00f3n de incapacidad<\/strong>.<\/p>\n

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Por su parte, las asignaciones particulares de la demandante consist\u00edan en una pensi\u00f3n no contributiva de invalidez de 604,20 euros al mes<\/strong>, a la que se a\u00f1ad\u00eda un complemento adicional que oscilaba entre los 36,03 y los 37,69 euros desde diciembre de 2013. A este dinero se sumaba adem\u00e1s otra prestaci\u00f3n mensual procedente de Marruecos por valor de 96,68 euros.<\/p>\n

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Reclamaci\u00f3n retroactiva y el argumento de la pandemia<\/h2>\n

Ante la acumulaci\u00f3n de estas faltas, la Generalitat de Catalu\u00f1a resolvi\u00f3 anular la prestaci\u00f3n con efectos retroactivos a contar desde el mes de junio de 2018<\/strong>. Esta medida implica la exigencia de un reembolso total de 32.857,20 euros<\/strong> en concepto de cantidades percibidas de manera indebida<\/a>. Dentro del desglose de los cobros efectuados por la demandante consta que lleg\u00f3 a ingresar 8.458 euros durante el a\u00f1o 2021, as\u00ed como un \u00faltimo pago de 764,40 euros en enero de 2022 en el que ven\u00edan incluidos diversos atrasos y los importes vinculados al complemento del subsidio.<\/p>\n

Durante el proceso judicial, la defensa de la mujer argument\u00f3 que las estrictas restricciones de movilidad internacional provocadas por la crisis de la covid-19 en el a\u00f1o 2020<\/strong> resultaron determinantes al impedir su retorno a Espa\u00f1a. Sin embargo, el tribunal desestim\u00f3 esta justificaci\u00f3n de fuerza mayor. Si bien los magistrados reconocieron la excepcionalidad del contexto de la pandemia, recordaron que las autoridades mantuvieron operativos canales y mecanismos espec\u00edficos para la repatriaci\u00f3n y el regreso de ciudadanos, invalidando as\u00ed la permanencia prolongada en el extranjero de forma justificada.<\/p>\n

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En definitiva, esta resoluci\u00f3n judicial afianza una doctrina muy estricta y rigurosa en la gesti\u00f3n de las prestaciones del sistema p\u00fablico. El dictamen recuerda a los ciudadanos que las ayudas vinculadas a la invalidez no contributiva permanecen estrictamente ligadas a la permanencia f\u00edsica en Espa\u00f1a y a la contenci\u00f3n de las rentas familiares, sin que quepa espacio para la flexibilidad administrativa cuando se comprueba un incumplimiento manifiesto de las reglas del juego.<\/p>\n

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