En España, no hay una ley que haya cambiado tanto como el sistema de pensiones. A mediados de septiembre, el Gobierno de Pedro Sánchez anunciaba el cuarto acuerdo en materia de pensiones entre agentes sociales y Seguridad Social, retomando así la reforma de pensiones aprobada por el exministro José Luis Escrivá, entre 2022 y 2023. Pero pese a las continuas reformas, los esfuerzos gubernamentales resultan en vano y las cuentas del sistema de pensiones no cuadran.
El pulso actual del sistema de pensiones
En octubre de 2024 se han registrado 10,24 millones de pensiones, lo que representa una variación de 1,51% comparado con el mismo mes del año anterior (según datos oficiales). El gasto total de España en pensiones en octubre ha sido de 12.895,77 millones de euros, o lo que es lo mismo, un 6,79% más con respecto a septiembre.
Las pensiones de jubilación suponen el mayor gasto, pues acumulan 9.431,9 millones de euros sobre las pensiones de viudedad (2.113,11 millones de euros), incapacidad permanente (1.145,34 millones), orfandad (171,03 millones) y las de favor familias (34,4 millones).
Los datos del Ministerio de Inclusión señalan un aumento de la pensión media, con 1.259,55 euros en octubre. En el caso de la de jubilación, la media está en los 1.447,36 euros.
Se calcula que, de manera anual, el sistema pierde unos 55.000 millones de euros. Esa es la cantidad que el Estado se ve obligado a inyectar en el sistema, ya que con las cotizaciones no consigue cubrir todo el gasto. Son, por tanto, 55.000 millones de euros que se extraen de otras partidas presupuestarias.
No hay que olvidar que los planes de pensiones individuales se crearon en 1988 como productos destinados al ahorro y como complemento a la pensión de jubilación. No obstante, desde enero de 2025, la situación cambiará drásticamente y se volverán más líquidos. Por tanto, los ahorradores podrán rescatar el dinero acumulado y sus intereses generados cuando las aportaciones tuviesen, como mínimo una década de antigüedad.
La realidad es que actualmente en España no existen modificaciones contractuales, pues no hay como tal y contrato en el sistema de pensiones público. Es simplemente un modelo de sistema de beneficiencia financiado con impuestos.
Evolución de las reformas del sistema de pensiones
Llama la atención que en poco menos de 40 años se han estipulado muchos cambios en el sistema de pensiones, con más de 10 leyes y RDLs para modificar las condiciones del sistema, pese no haber llegado al pico demográfico.
En España, la primera reforma de gran calado se realizó en 1985, aumentándose el periodo mínimo de cotización de 10 a 15 años y el número de años empleados para el cómputo de la base reguladora de dos a ocho años previos a la jubilación. Así fue cómo paulatinamente, se mantuvo el incremento en el número de pensiones y en la cuantía de la pensión media. Entre 1980 y 1995, el gasto en pensiones contributivas pasó del 5,6% del PIB al 8,4%, reduciéndose la relación afiliados/pensionistas desde 2,7 hasta 2,1.
Así fue cómo se aprobó por el Pleno del Congreso, el 15 de febrero de 1994, una proposición para crear una Ponencia en la Comisión de Presupuestos, elaborando detalladamente un informe sobre los problemas y las reformas del Sistema de la Seguridad Social.
Antes la Seguridad Social pagaba la Sanidad y las pensiones contributivas y no contributivas, mientras que ahora únicamente abona una parte de las contributivas. El resto se extrae de los impuestos generales.
Todo comenzó con la Ley 26/1985 de 31 de julio, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, a la que siguió la Ley 24/1997 de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social. Después llegaría la Ley 35/2002 de 12 de julio, de Medidas para el Establecimiento de un Sistema de Jubilación Gradual y Flexible y, anteriormente, el Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
La Ley 40/2007 de 4 de diciembre, de Medidas en Materia de Seguridad Social, se vio seguida por la Ley 27/2011 de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social y la Ley 23/2013 de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
Posteriormente irrumpirían el Real Decreto-ley 5/2013 de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, y el Real Decreto-ley 28/2018 de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
La Ley 6/2018 de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, introdujo cambios en la revalorización de las pensiones y en las bases de cotización. Por su parte, el Real Decreto-ley 8/2019 de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo y el Real Decreto-ley 20/2020 de 29 de mayo fijó el Ingreso Mínimo Vital y cambios en la gestión de pensiones no contributivas.
A esto se le suma la Ley 21/2021 de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo y la Ley 22/2021 de 28 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado. El Real Decreto-ley 2/2023 de 16 de marzo vino a demostrar medidas para la equidad, universalidad y sostenibilidad del sistema público de pensiones.
¿Y ahora qué?
Todas y cada una de las reformas del sistema de pensiones han acabado suponiendo una quiebra para el Estado. En los últimos Presupuestos Generales del Estado de 2023 acumularon 190.684 millones de euros (cuatro de cada diez euros del presupuesto público). Los datos hablan por sí solos y demuestran que el gasto mensual supone un 11,5% del PIB. Una cifra elevada, aunque inferior al 12,4% de 2020. Ahora el horizonte es una incógnita.
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La noticia
“Son quiebras del sistema». Cómo España está pagando las pensiones con 14 cambios y parches desde 1985
fue publicada originalmente en
El Blog Salmón
por
Sergio Delgado
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