
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adelantó este lunes que enviará una carta al Gobierno de Estados Unidos en respuesta a los congresistas estadounidenses que pidieron al presidente Donald Trump exigir a la mandataria mexicana una resolución a favor de la minera Calica, filial de la estadounidense Vulcan Materials, por una disputa en el sureste del país.
La gobernante mexicana reaccionó así a la misiva enviada el pasado viernes por 35 congresistas estadounidenses que piden a Trump que exija a Sheinbaum dar marcha atrás a las “acciones ilegales” que obligaron a la empresa minera a cerrar sus operaciones en Quintana Roo (sureste de México) el año pasado.
Los legisladores instan a Trump a intervenir a favor de Calica en Playa del Carmen, alegando que la empresa fue víctima de una expropiación disfrazada y que México debe responder por sus acciones ante la comunidad internacional.
Nosotros tanto a ellos como al presidente Trump, vamos a enviar una carta aclarando, se lo pedí a Alicia Bárcena (secretaria de Medio Ambiente) y también se está reuniendo con la empresa para ver alternativas de solución”,
señaló la mandataria durante su conferencia de prensa.
En la misiva, los congresistas estadounidenses recordaron que en 2022, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), fueron invadidas las instalaciones de Vulcan en la península de Yucatán, que incluyen una cantera de piedra caliza y un puerto de aguas profundas, lo que derivó en el cese de operaciones.
Dos años después, López Obrador designó la propiedad de Vulcan como “área naturalmente protegida”.
Aunque la empresa sigue siendo la propietaria de la tierra en el Registro Público de la Propiedad, las restricciones impuestas por el decreto impiden cualquier actividad minera en la zona, lo que ha detenido por completo las operaciones de Vulcan Materials Company.
Este lunes, Sheinbaum reiteró que, en este caso, “nunca hubo expropiación” y que las tierras siguen siendo de la empresa.
El problema es que ellos se salieron completamente del área de explotación que tenían autorizada y se fueron a otras áreas afectando cenotes y acuíferos. Entonces, se les informó, se les dijo primero y siguieron con la explotación y entonces es que el (ex)presidente López Obrador decide cambiar el uso de suelo, pero no hay expropiación”,
zanjó.
Reiteró que la zona es un área natural protegida donde no se permite la explotación de minerales porque está afectando “gravemente” el ambiente y la empresa debió haberse sujeto a la autorización de impacto ambiental que tenía y no ampliar su zona de explotación.
Sheinbaum afirmó que ahora se entablará un diálogo con la empresa para evitar que el caso se resuelva en tribunales.
Entonces, se va a enviar tanto a los congresistas como a la Casa Blanca para que no haya mala información y también vamos a buscar si se puede llegar a un acuerdo que permita salvaguardar cualquier conflicto jurídico y si no pues se resolverá en tribunales”,
señaló.
El asunto ha tomado un giro geopolítico, ya que los legisladores han sugerido que el financiamiento del Tren Maya, cuyo ferrocarril pasa cerca de la tierra disputada, podría haber sido respaldado por el Partido Comunista Chino.
En su carta, instan a Trump a garantizar la protección de los intereses económicos y de seguridad de Estados Unidos en el territorio mexicano, elevando el caso a una cuestión de soberanía e influencia extranjera en la región.
El recurso con el que se hizo el Tren Maya es público, ahí lo pueden ver en la en los informes de la Cuenta Pública todo lo que se invirtió en el Tren Maya, es recurso público, de las y los mexicanos que pagaron impuestos y que se regresó para construir el Tren Maya”,
declaró la mandataria.
Con información de EFE.
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