El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya notificó formalmente a Ricardo Salinas Pliego, presidente del Conglomerado Grupo Salinas, que incluye TV Azteca, Total Play y Elektra, entre otras empresas, por el adeudo fiscal de 51,000 millones de pesos (mdp), confirmó este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum, quien subrayó que el proceso se apega a la ley y descartó cualquier persecución política contra el empresario.
Desde el Estado de México, donde llevó a cabo su conferencia matutina, la mandataria explicó que el requerimiento ocurre después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera en favor del SAT y desechara los últimos amparos promovidos por empresas de Grupo Salinas.
Sheinbaum precisó que la notificación no constituye un ultimátum, sino el inicio de los plazos legales previstos en el Código Fiscal de la Federación para que las empresas acudan ante la autoridad tributaria.
Son fechas legales, no es un ultimátum. Se notifica y después hay un tiempo para que las empresas acudan al SAT”,
señaló.
Añadió que la ley establece el monto a pagar y contempla esquemas que permiten ajustes en función de la forma y tiempos del pago.
Según comentó en diciembre Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, la notificación de pago se emitiría en enero.
En diciembre, cuando la SCJN emitió su resolución, Salinas Pliego comentó “Pagamos y listo”, a través de su cuenta en X, y en un comunicado posterior, Grupo Salinas destacó su disposición para cumplir con sus obligaciones fiscales, señalando que durante el lapso que abarca la controversia, entregó al fisco más de 285,000 mdp.
Grupo Salinas puede pedir una reducción del 39% sobre su adeudo
Conforme a la ley y a las resoluciones judiciales, las empresas involucradas pueden solicitar reducciones de hasta 39% si optan por un pago voluntario. Si Grupo Salinas solicita esta reducción, pagaría 31,110 mdp.
Con una fortuna estimada en 100,434 mdp, según datos de Forbes, al tipo de cambio actual, el monto que disputa el gobierno es el 50.7% del patrimonio personal de Salinas Pliego. Si decide ejercer la reducción, desembolsaría el equivalente a un 30.9% de su fortuna estimada.
La notificación marca el siguiente paso en un proceso que se activó tras la resolución definitiva de la Corte en noviembre y que el Gobierno federal ha insistido en enmarcar como un asunto jurídico, administrativo y fiscal, separado del debate político que el caso ha generado en el espacio público.
Sheinbaum descarta acoso contra Salinas Pliego
El anuncio se da luego de que Salinas Pliego informara esta semana que presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al argumentar un presunto “acoso sistemático” por parte del Gobierno federal, acusación que Sheinbaum rechazó de manera directa al reiterar que se trata de un procedimiento estrictamente legal.
No hay persecución política ni violación a ningún derecho humano, sino sencillamente un requerimiento del SAT, de que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que es válido”,
afirmó.
A través de su cuenta en X, Salinas Pliego insistió este viernes que “sí es persecución política”, no solo en su contra, sino “contra todos los que se atrevan a señalar la absurda corrupción que existe en Morena”. El magnate insistió que “no lo van a doblar”, y expresó su arrepentimiento por haber confiado en el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
¿De cuándo datan estos adeudos?
Los adeudos corresponden principalmente al Impuesto Sobre la Renta de los ejercicios fiscales de 2008 a 2013, montos que fueron determinados por la autoridad y confirmados por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Grupo Salinas ha sostenido que estos adeudos se originan en el régimen de consolidación fiscal que estuvo vigente en México durante esos años, el cual permitía a los conglomerados empresariales presentar una sola declaración, en la que se compensaban utilidades y pérdidas entre las distintas empresas del grupo. De acuerdo con la compañía, dicho esquema estaba plenamente permitido por la legislación fiscal entonces vigente y fue utilizado conforme a la ley.
El grupo argumenta que, tras los cambios al marco fiscal que eliminaron ese régimen, la autoridad hacendaria reinterpretó operaciones realizadas bajo reglas anteriores y pretende cobrar impuestos de manera retroactiva.
Según su postura, esta actuación vulnera el principio de irretroactividad de la ley, al aplicar criterios fiscales posteriores a ejercicios ya concluidos y previamente validados, lo que ha dado lugar a los litigios que hoy siguen su curso en tribunales.
El asunto tuvo resolución hasta la renovación de la SCJN, que tras la entrada en vigor de la reforma judicial fue renovada con los votos del 10% del padrón electoral.
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