Después de más de dos décadas de litigios fiscales, comunicados cruzados y resoluciones judiciales, Grupo Salinas cerró uno de los capítulos más largos y complejos de su historia corporativa: el conglomerado acordó pagar 32,132 millones de pesos (unos 1,785 millones de dólares) al Servicio de Administración Tributaria (SAT). El anuncio no solo pone fin a un litigio que marcó la narrativa pública del grupo, sino que abre una nueva etapa para su fundador y presidente, Ricardo Salinas Pliego. La pregunta ahora no es cuánto pagó, sino qué viene después.
El acuerdo que pone punto final a 20 años de litigio
Grupo Salinas informó que concluyó “la totalidad” de sus litigios fiscales con el Gobierno de México tras acordar el pago de 32,132 millones de pesos (1,785 millones de dólares).
De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el conglomerado ingresó ya a la Tesorería un primer monto de 10,400.63 millones de pesos (577.8 millones de dólares) y el resto será cubierto en 18 parcialidades.
El SAT señaló que el acuerdo se alcanzó “de conformidad con los beneficios establecidos en el Código Fiscal y en cumplimiento de las resoluciones judiciales aplicables”, lo que sugiere que el proceso siguió los cauces legales previstos en la normativa tributaria mexicana.
La postura del grupo: desacuerdo, pero cierre estratégico
En su comunicado, Grupo Salinas afirmó que con este acuerdo “finalizan más de 20 años de controversias”. Sin embargo, dejó claro que mantiene un “profundo desacuerdo” con el proceso, aunque decidió cerrar el capítulo “no por convicción” ni por considerar “justo” el desenlace, sino para “dar vuelta a esta página”.
El conglomerado sostuvo además que en las últimas dos décadas ha pagado más de 300.000 millones de pesos (más de 16.600 millones de dólares) en obligaciones fiscales y aseguró que, con el pago anunciado, quedará cubierto “absolutamente todo lo que el Fisco exigió”.
Más allá del tono institucional, el mensaje es claro: la prioridad ahora es recuperar tiempo, energía y foco operativo, así como concentrarse en clientes y en las más de “200,000 familias” que, según el grupo, dependen de su actividad empresarial.
Impacto financiero: ¿golpe o ajuste manejable?
Desde el punto de vista financiero, el pago acordado representa una cifra relevante incluso para un conglomerado del tamaño de Grupo Salinas, que agrupa empresas como TV Azteca, Banco Azteca, Elektra y Totalplay.
No obstante, el esquema en parcialidades permite distribuir el impacto en flujo de efectivo durante 18 meses. Analistas han señalado en distintos foros financieros que, aunque la cifra es significativa, el verdadero efecto estará en la capacidad del grupo para mantener estabilidad operativa, reducir pasivos y fortalecer su estructura financiera en un entorno económico desafiante.
Cerrar el litigio elimina un factor de incertidumbre jurídica que durante años afectó la percepción del conglomerado ante inversionistas y acreedores.
El ángulo reputacional: más allá de los números
El conflicto fiscal no solo fue un tema financiero, sino también reputacional. La confrontación pública entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y autoridades fiscales formó parte del debate político y económico en México durante varios años.
Con el acuerdo alcanzado, el grupo busca reposicionarse desde una narrativa de cumplimiento total. La declaración de que “a partir de ahora” no deben “nada al Gobierno” apunta a enviar una señal clara a mercados, autoridades y opinión pública.
Para cualquier conglomerado con presencia en medios, banca y telecomunicaciones, la estabilidad institucional es un activo estratégico.
¿Qué sigue para Ricardo Salinas Pliego?
El CEO y fundador del grupo enfrenta ahora un escenario distinto. Sin litigios fiscales abiertos, el enfoque puede migrar hacia:
- Reestructuración financiera y fortalecimiento de balance.
- Consolidación de negocios clave como banca digital y telecomunicaciones.
- Estrategias de expansión o alianzas estratégicas.
- Reconfiguración de narrativa corporativa tras un periodo de alta exposición mediática.
En términos de liderazgo, cerrar un litigio de esta magnitud también implica redefinir el posicionamiento público del empresario y su relación con autoridades e inversionistas.
Con información de EFE.
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