La vivienda es uno de los temas más candentes en la agenda política de cualquier país desarrollado. Mientras los precios de las propiedades continúan disparándose y el acceso a una vivienda digna se convierte en un sueño inalcanzable para muchos jóvenes, los gobiernos parecen estar legislando con una prioridad clara: proteger a los jubilados y a los propietarios actuales, aunque esto signifique perpetuar la precariedad habitacional de las nuevas generaciones.
La mayoría de las políticas relacionadas con la vivienda se diseñan para garantizar que los precios de las propiedades no caigan. Esto tiene sentido desde un punto de vista político, ya que una parte considerable del electorado en países democráticos está compuesta por personas jubiladas o cerca de la jubilación, cuyo patrimonio depende en gran medida del valor de sus inmuebles.
Para ellos, una caída en los precios de la vivienda no es solo una pérdida económica, sino también una amenaza directa a su estabilidad financiera.
Por otro lado, los jóvenes, que en su mayoría no poseen viviendas y luchan por acceder al mercado inmobiliario, tienen menos poder político. Su situación se agrava por la precariedad laboral, el aumento del coste de vida y la falta de ahorros suficientes para hacer frente a pagos iniciales o hipotecas. En este contexto, la desigualdad generacional se profundiza.
La legislación y el inmovilismo político
En países donde la propiedad inmobiliaria es un pilar de la economía, los políticos suelen evitar cualquier medida que pudiera devaluar los activos de los propietarios. Esto incluye restricciones a la construcción de nuevas viviendas, el mantenimiento de subsidios que benefician a propietarios (como las desgravaciones fiscales por hipotecas) y una resistencia generalizada a introducir reformas fiscales que graven el uso especulativo de la vivienda.
Mientras tanto, los alquileres continúan subiendo, lo que afecta desproporcionadamente a los jóvenes y a las clases trabajadoras. En muchas ciudades, los salarios no han crecido al mismo ritmo que los precios de la vivienda, creando una brecha insalvable.
El equivalente en España 🇪🇸:
🔸Vivienda: 69,9%
🔸Planes de pensiones: 2,9%
🔸Efectivo y depósitos: 9,4%
🔸Renta fija: 0,2%
🔸Acciones y fondos: 7,3%
🔸Otros: 11,4%
(Fuente: Encuesta Financiera de las Familias, 2022) https://t.co/sdJB5mf60Z pic.twitter.com/yhs4YhO2sE— Jon González (@Jongonzlz) January 4, 2025
Según datos de Eurostat, en la Unión Europea el precio medio de la vivienda aumentó un 38% entre 2010 y 2021, mientras que los salarios sólo crecieron un 19%. En lugar de abordar esta crisis, los gobiernos se limitan a medidas simbólicas, como controles de alquiler poco efectivos o subvenciones que terminan inflando aún más los precios.
Jubilados, el voto prioritario
Los jubilados representan un bloque electoral clave. Son más propensos a votar que los jóvenes y, a menudo, tienen necesidades y prioridades específicas que influyen en las agendas políticas. La estabilidad de sus ingresos, en gran parte vinculados a sus propiedades, hace que los políticos se inclinen por proteger sus intereses.
El resultado es una legislación desequilibrada que perpetúa las desigualdades. En lugar de invertir en vivienda asequible o garantizar que el mercado inmobiliario sea accesible para todos, los gobiernos se concentran en preservar el valor de los activos existentes. Este enfoque beneficia a los que ya están dentro del sistema y excluye a quienes intentan entrar.
Y es que, no cabe duda que uno de los mayores problemas del mercado inmobiliario es la especulación. Inversores nacionales e internacionales compran propiedades no para habitarlas, sino para obtener beneficios a través del alquiler o la revalorización del inmueble. Esto reduce la oferta disponible para quienes buscan una vivienda primaria y aumenta los precios.
A pesar de las evidencias, las medidas contra la especulación son tímidas o inexistentes. Regular el uso de las propiedades como bienes especulativos podría reducir los precios y aumentar la disponibilidad, pero también podría afectar negativamente a los jubilados que dependen de ingresos pasivos provenientes de alquileres o de la revalorización de sus inmuebles.
En países como Canadá, se han implementado impuestos específicos a las viviendas vacías, lo que ha reducido el número de inmuebles desocupados en ciudades como Vancouver. Sin embargo, estas medidas también enfrentan resistencia de quienes ven sus propiedades como una inversión.
La necesidad de un cambio generacional
La solución a la crisis de la vivienda requiere un cambio en las prioridades políticas.Esto incluye construir viviendas asequibles para alquiler y propiedad podría aliviar la presión del mercado; gravar la especulación inmobiliaria y las viviendas vacías podría desincentivar el acaparamiento de propiedades; permitir más construcción en áreas urbanas densas podría aumentar la oferta; fortalecer los derechos de los inquilinos para evitar abusos y desalojos injustos.
Sin embargo, implementar estas medidas requiere coraje político y una voluntad genuina de enfrentar a los intereses establecidos. La solución no es sencilla, pero es clara: se necesita un enfoque más equitativo que equilibre los intereses de todas las generaciones. De lo contrario, el precio será una sociedad cada vez más dividida, donde la vivienda seguirá siendo un lujo en lugar de un derecho fundamental.
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La noticia
Los políticos no pueden permitirse que la vivienda baje, aunque los jóvenes sufran. El problema es el de siempre: están legislando para los jubilados
fue publicada originalmente en
El Blog Salmón
por
Sergio Delgado
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