El inicio del año va a suponer un giro inesperado para miles de trabajadores por cuenta propia y pequeños negocios que dependen de la rapidez judicial para recuperar facturas pendientes de cobro.
La entrada en vigor de nuevos requisitos antes de acudir a los tribunales genera, como es lógico, un escenario de incertidumbre que retrasa procedimientos que, hasta hace poco, se resolvían con mayor agilidad.
Lo que nació como una herramienta para desahogar a los juzgados y fomentar la resolución amistosa de los conflictos se ha transformado en una barrera adicional para quienes necesitan reclamar deudas sin perder liquidez.
La obligatoriedad de mostrar un intento previo de negociación antes de presentar una demanda civil o mercantil recrudece la batalla y la capacidad real de los pequeños negocios para defender sus derechos.
Un cambio normativo que complica los primeros pasos
La norma exige un trámite previo basado en métodos alternativos de resolución de controversias. Este requisito, que debía facilitar la solución de conflictos, está generando un efecto contrario.
Diversos profesionales del ámbito jurídico advierten de que la medida ha añadido más filtros, más tiempo de espera y mayor nivel de formalidades, lo que dificulta el acceso al proceso judicial incluso para reclamar cantidades pequeñas.
La interpretación de estos requisitos varía de forma notable entre distintos juzgados. Mientras algunos aceptan intentos de negociación breves y directos, otros exigen un volumen extenso de documentación y comunicaciones previas, generando un efecto desigual en todo el territorio.
Esto provoca que el resultado de una misma reclamación dependa del lugar en el que se presente, creando un escenario de falta de homogeneidad que perjudica especialmente a autónomos con escasos recursos.
Más documentación, más tiempo y más incertidumbre
Uno de los efectos más señalados es la obligación de generar comunicaciones extremadamente detalladas para evitar que la demanda sea rechazada por defectos formales.
El temor a la inadmisión está llevando a muchos profesionales a “sobredocumentar” cada paso previo, lo que incrementa el tiempo invertido y el coste del procedimiento antes de llegar siquiera al juzgado.
El problema no radica únicamente en el volumen de requisitos, sino en la disparidad de criterios. Hay juzgados que solicitan un historial exhaustivo de plazos, propuestas, contraofertas y medios de comunicación empleados. En otros, una simple comunicación previa puede resultar suficiente.
Esto ha introducido un clima de inseguridad procesal que deja a pequeños acreedores en inferioridad de condiciones frente a deudores que utilizan el sistema para retrasar el proceso.
Cómo los deudores aprovechan el trámite previo
La fase previa se está convirtiendo en una herramienta para ganar tiempo. Una práctica habitual consiste en responder al límite del plazo con mensajes ambiguos que no niegan ni aceptan nada, pero permiten extender la negociación sin llegar a ninguna resolución real. Estas respuestas generan dudas y retrasan el paso a la demanda judicial.
Otra táctica frecuente consiste en cuestionar la legitimación de quien reclama, pidiendo aclaraciones sobre la representación o la validez de la comunicación. Cada petición abre nuevos plazos y ralentiza la fase previa, incluso cuando la deuda está reconocida o documentada de manera clara.
Algunas grandes empresas utilizan departamentos internos para emitir respuestas estandarizadas que alargan intencionadamente los tiempos y neutralizan la finalidad del trámite.
Un impacto directo en la liquidez de los autónomos
El nuevo sistema afecta especialmente a quienes trabajan por cuenta propia y dependen de cobrar sus facturas en plazo para mantener la actividad. Para un autónomo con problemas de tesorería, perder un mes en una fase previa que no aporta avances reales supone un perjuicio significativo.
Y lo más preocupante es que, durante ese tiempo, el deudor puede seguir dilatando la situación sin consecuencia inmediata.
La herramienta previa, tal como está configurada, no incentiva la buena fe. La falta de reglas claras sobre qué se considera un intento válido de negociación hace que muchos acreedores se encuentren atrapados en una fase indefinida, sin tener garantías de que su demanda será admitida al final del trámite.
Un sistema que también perjudica a socios minoritarios
Los conflictos societarios tampoco escapan a este escenario. En disputas internas, la parte minoritaria suele ser la que necesita con mayor urgencia una intervención judicial.
Sin embargo, la obligación de agotar estos métodos previos retrasa la posibilidad de proteger sus derechos, dando margen a la mayoría para ejecutar decisiones sin control inmediato.
Incluso las medidas cautelares, pensadas para evitar daños irreversibles, pierden eficacia cuando las fases previas ralentizan la entrada al juzgado. Para la parte que intenta frenar una actuación contraria a sus intereses, el tiempo es un factor crítico, y la nueva norma puede dejarla sin capacidad de reacción.
La acumulación de filtros y formalismos no está resolviendo el verdadero cuello de botella: la lentitud estructural de la justicia. Cualquier sistema previo pierde utilidad cuando el proceso posterior puede durar años.
–
La noticia
Las últimas exigencias para reclamar por vía judicial bloquean a miles de autónomos en la recuperación de sus facturas
fue publicada originalmente en
El Blog Salmón
por
Sergio Delgado
.
