El incremento del Salario Mínimo Interprofesional planteado por el Ministerio de Trabajo a partir de 2026, no solo tendrá efectos directos sobre la nómina de miles de trabajadores. También arrastrará una consecuencia menos visible pero decisiva para el tejido productivo más frágil: el encarecimiento del empleo para autónomos y pequeñas empresas.
Este nuevo ajuste llega, además, en un contexto de presión acumulada sobre los negocios de menor tamaño. Años de inflación elevada, mayores cotizaciones sociales y una sucesión de incrementos del salario mínimo han reducido el margen de maniobra de muchos empleadores.
Para ellos, la subida no se limita al sueldo que cobra el trabajador, sino al conjunto del coste laboral que deben asumir mes tras mes.
Dos escenarios sobre la mesa del Gobierno
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recibió recientemente el informe elaborado por la mesa de expertos designada por su departamento para analizar la evolución del SMI en 2026.
El documento plantea dos posibles incrementos a partir de enero, con una horquilla que oscila entre el 3,1% y el 4,7%. La diferencia entre ambos escenarios depende exclusivamente de una decisión fiscal: si el salario mínimo continúa exento de tributar en el IRPF o si pasa a hacerlo.
La propia ministra ha reconocido públicamente que su propuesta se moverá entre esas dos cifras. En términos prácticos, la subida situaría el salario mínimo mensual en torno a los 1.220 euros brutos en 14 pagas en el escenario más moderado y cerca de los 1.239 euros en el supuesto más elevado.
El choque con patronales y sindicatos
La propuesta del Ministerio de Trabajo se sitúa en un punto intermedio entre las posiciones enfrentadas de patronales y sindicatos.
Las organizaciones empresariales, encabezadas por CEOE y CEPYME, han defendido un incremento del 1,5%, alineado con la subida aplicada a los empleados públicos.
Según sus cálculos, el actual SMI ya supera el umbral del 60% del salario medio, uno de los objetivos fijados por el propio Gobierno.
En el extremo opuesto, los sindicatos han reclamado un aumento del 7,5%, una cifra muy superior a la evolución reciente de la inflación.
Esta diferencia de criterios anticipa una negociación compleja y abre la puerta a que el Ejecutivo imponga finalmente su propuesta mediante decreto, como ya ocurrió en ejercicios anteriores, sin necesidad de pasar por el Parlamento.
El impacto real para autónomos y pymes
Más allá del porcentaje, el efecto tangible de la subida se mide en euros. Para un autónomo con un trabajador contratado al salario mínimo, el incremento del 4,7% supondría un sobreesfuerzo anual cercano a los 1.000 euros por empleado.
Esta cifra no se limita al salario bruto, sino que incluye cotizaciones sociales, pagas extraordinarias y otros conceptos obligatorios.
Con el SMI actual, el gasto total anual por trabajador ya supera los 23.000 euros. Si se aplica la subida del 3,1%, ese importe podría situarse alrededor de los 23.700 euros.
En el escenario más alto, con un incremento del 4,7%, el desembolso anual podría alcanzar aproximadamente los 24.050 euros.
La diferencia, aunque pueda parecer asumible en grandes empresas, se convierte en un obstáculo relevante para pequeños negocios con márgenes ajustados.
Inflación acumulada y pérdida de equilibrio
Uno de los elementos clave del debate es la evolución del IPC desde la anterior subida del salario mínimo. Entre el último ajuste y la actualidad, la inflación acumulada se ha movido en torno al 6%, dependiendo del periodo de referencia.
Este dato explica en parte la presión para actualizar el SMI, pero también evidencia que los empleadores han absorbido un incremento generalizado de precios en suministros, alquileres y financiación.
Desde 2018 hasta 2024, el salario mínimo ha aumentado más de un 54%, lo que equivale a casi 400 euros brutos mensuales adicionales. Con la subida aplicada en 2025, el incremento acumulado ya supera el 60% en apenas siete años.
Este ritmo, muy superior al crecimiento medio de la productividad, tensiona especialmente a los sectores con menor capacidad para repercutir precios.
El conflicto sobre los complementos salariales
A este escenario se suma la intención del Ministerio de Trabajo de limitar la posibilidad de compensar el SMI mediante complementos salariales como la nocturnidad o la peligrosidad.
La ministra ha defendido que estos pluses no deben absorber futuras subidas, una interpretación que choca con la práctica habitual de muchas empresas y con la jurisprudencia existente.
La patronal ha advertido de que un cambio de este calado debería tramitarse mediante una ley y no a través de un simple reglamento.
De aprobarse, la medida añadiría un nuevo elemento de rigidez a la gestión laboral de autónomos y pymes, incrementando todavía más el coste estructural de mantener empleo.
La subida del SMI prevista para enero de 2026 no se limita a una mejora salarial. Para miles de autónomos, puede implicar replantear contrataciones, ajustar jornadas o incluso renunciar a crecer.
Imágenes | ABC, El Confidencial, Pixabay
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La noticia
La otra factura de subir el SMI un 4,7% a partir de enero. Los autónomos tendrán que pagar 1.000 euros más por cada empleado
fue publicada originalmente en
El Blog Salmón
por
Sergio Delgado
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