Sigue pasando. Hay serias dudas sobre su legalidad, pero sigue pasando. La principal causa es que falta oferta para tanta demanda, y se multiplica la picaresca, las medidas que obligan a los interesados a abonar «señales» por un servicio no contratado e incluso a asumir costes abusivos.
En el mercado inmobiliario español ha ido creciendo una práctica poco transparente y legal: exigir a los compradores o interesados en un alquiler, una paga y señal para trasladar la oferta al propietario. Así, tal cual.
Paga y señal, en el aire
En teoría, la inmobiliaria promete devolver el dinero en el caso de que esta se rechace, a la vez que suma un intermediario que obstaculiza más que ayudar y que nos obliga a confiar en su honradez.
Debe quedar claro que no se trata de una «paga y señal» al uso, en la que reservamos un bien inmueble, sino en una cantidad que se entrega a la inmobiliaria para reservar la «opción de entrega de una oferta» (de un mensaje al propietario), y que, por descontado, supone riesgo de fraude.
Escasa legalidad
Una medida alegal, cuanto menos, donde los honorarios de la inmobiliaria ya debería pagarlos el propietario en todos los contratos desde mayo de 2023, y donde no parece tener cabida, en esta negociación previa, ningún pago inicial por la oportunidad de seguir en el proceso.
Las razones por las que se incurre en un elevado riesgo son varias, pero, principalmente, deberíamos señalar la falta de seguridad para el comprador, quien entrega dinero que se deposita en una inmobiliaria que él o ella no ha contratado: debe confiar en que esta es íntegra, solvente, y que devolverá el dinero si se rechaza la oferta.
Además, en el caso de aceptarse, es habitual que se imponga un coste extra en el contrato de arras, que puede (y suele) calcular la inmobiliaria, reduciendo la capacidad de negociar entre comprador y vendedor, o arrendatario y arrendador.
Situaciones de indefensión
Por último, esta inseguridad es notable para la parte interesada en comprar o alquilar: no ofrece una protección directa, por lo que la persona suele encontrar en la tesitura de hacer reiteradas concesiones constantes si quiere que la negociación llegue a buen puerto. En otras palabras, empieza y termina en una situación de indefensión.
Desde FACUA y otros medios, llevan varios años recomendando analizar a fondo un contrato antes de su firma, pero esta cuestionabilidad, que ya es tendencia, olvida un desequilibrio entre oferta y demanda que exigiría, en 2024, construir 2,6 millones de viviendas en 15 años y atraer inversión internacional.
Además, las malas noticias no terminan aquí: poco suelo disponible, poca mano de obra y algunas grandes promotoras quebradas en pasadas crisis para aderezar. Desde aquí, desconocemos qué opciones quedan (¿legislar?, ¿limitar?, ¿regular?), pero la seguridad de entregar dinero con los ojos vendados a una inmobiliaria es escasa: eso sí que lo sabemos.
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La noticia
«Hay que pagar para hacer una oferta por el piso». Algunas prácticas de las inmobiliarias rozan el delito
fue publicada originalmente en
El Blog Salmón
por
Javier Ruiz
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