La desaparición del sistema CompraNet, para ser sustituido por una Plataforma Digital de Contrataciones Públicas que no garantiza la publicación detallada de las compras gubernamentales, junto con la creación de nuevas figuras que permiten que los funcionarios negocien con los proveedores, son los distintivos de la que será la nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
La iniciativa de ley, enviada la semana pasada a la Cámara de Diputados por la presidenta Claudia Sheinbaum, también excluye de responsabilidad a los servidores públicos que actúen de manera indebida, siempre y cuando se justifique que lo hicieron “por causa de fuerza mayor o de caso fortuito”.
Asimismo, no se proponen indicadores de transparencia y cumplimiento que sean verificables, en tanto que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno podrá determinar, “cuando lo considere conveniente”, que una dependencia “lleve a cabo algún procedimiento de contratación consolidada”.
Estos cambios normativos no fortalecen las políticas de integridad que necesariamente requieren las compras del gobierno, y mantienen la opacidad que ya se tiene en el actual CompraNet, plataforma en la que -desde 2019- se clasifican con el concepto “otros” decenas de adquisiciones gubernamentales.
Esto último impide que se conozca si la compra fue una licitación pública, una adjudicación directa o una invitación restringida a un proveedor específico.
Negociaciones riesgosas
CompraNet es un sistema de información pública que entró en operación en 1997 para transparentar todas las compras del gobierno, su objetivo inicial era modernizar los procesos de contratación gubernamental.
Desde entonces su uso es obligatorio para todas las dependencias de la Administración pública, lo que ha permitido que los ciudadanos y organizaciones civiles conozcan la forma en la que el gobierno compra bienes y servicios a proveedores de la iniciativa privada.
En su propuesta, la titular del Ejecutivo federal crea dos nuevos mecanismos para la contratación pública: El diálogo competitivo y la adjudicación directa con estrategia de negociación.
En el primer caso, se trata de un procedimiento para sectores especializados en el que habrá “candidatos precalificados” y un Comité de Contrataciones Estratégicas, el cual podrá autorizar que se “lleve a cabo la contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública y sin previa investigación de mercado”.
De su lado, la adjudicación directa con estrategia de negociación implica que se lleven a cabo “negociaciones a través de la Plataforma o de manera presencial con el o los cotizantes cuyas ofertas técnicas resultaron solventes”.
El objetivo de estos acercamientos es “obtener las mejores condiciones para el Estado, a través de las ofertas económicas que resulten de las negociaciones”, mismas que deben llevarse a cabo en menos de 12 horas.
La iniciativa no establece ningún parámetro o lineamiento a seguir para entablar las negociaciones referidas, salvo su duración.
Vacíos legales
La iniciativa asegura que, a diferencia de CompraNet, la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas no solo almacenará documentos que hoy pueden consultarse por la ciudadanía, sino que será un mecanismo con el que se automatizarán todos los procesos de contratación pública en cada una de sus diferentes fases.
De manera adicional, la Plataforma contará con módulo denominado “Tienda Digital del Gobierno Federal”, en el que se realizarán “adquisiciones de bienes o servicios de manera ágil y expedita a través de órdenes de suministro”.
Con esto, las dependencias podrán elegir -de manera inmediata- los bienes o servicios que requieran, “sin que sea necesario llevar a cabo alguno de los procedimientos de contratación” previstos en la ley.
Previamente, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno se encargará de enlistar los acuerdos marco de adquisición de bienes que haya establecido con distintos proveedores.
El problema es que los lineamientos para este tipo de compras no se incluyen en la iniciativa de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sino que será la Secretaría mencionada la que deberá emitir “las disposiciones que regulen las contrataciones realizadas a través de la Tienda Digital del Gobierno Federal”.
En síntesis, todos estos cambios que se proponen en la ley que regula a las compras gubernamentales no coinciden con los estándares internacionales de ética, integridad y transparencia que deben aplicarse al ejercicio del gasto público.
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