El futuro de las pensiones en España es siempre un tema a debate. A la preocupación expresada por la Comisión Europea sobre la suficiencia de las prestaciones futuras se ha sumado recientemente la OCDE, que ha señalado de forma directa los riesgos que amenazan la viabilidad financiera del sistema público si no se acometen nuevos ajustes estructurales.
Estas advertencias llegan en un momento de aparente fortaleza macroeconómica. La economía española ha mostrado un crecimiento superior al de muchos socios europeos, apoyado en la inversión, el dinamismo del sector servicios y el aumento del empleo.
Sin embargo, el buen comportamiento coyuntural no oculta un problema de fondo: la presión demográfica sobre las cuentas públicas y, en particular, sobre el sistema de pensiones.
Un sistema tensionado por la demografía y el envejecimiento
España se enfrenta a uno de los procesos de envejecimiento más acelerados de la OCDE y de la Unión Europea. La combinación de una esperanza de vida elevada y unas tasas de fertilidad persistentemente bajas está modificando la estructura poblacional con rapidez.
Este cambio reduce la población en edad de trabajar, limita el crecimiento potencial del PIB y eleva el gasto asociado a pensiones, sanidad y cuidados de larga duración.
Las estimaciones de la OCDE son contundentes. El gasto en pensiones podría incrementarse en torno a 3,2 puntos de PIB hasta 2050, mientras que el conjunto del gasto vinculado al envejecimiento aumentaría más de cinco puntos.
En paralelo, los ingresos del sistema no crecerían al mismo ritmo, ampliando una brecha que las reformas recientes no consiguen cerrar por completo. El desequilibrio entre ingresos y prestaciones amenaza con hacerse estructural.
Reformas en marcha, pero insuficientes
En los últimos años se han adoptado medidas relevantes, como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, el retraso gradual de la edad efectiva de jubilación o la reforma del régimen de cotización de los autónomos.
Estas iniciativas avanzan en la dirección correcta, pero los analistas coinciden en que su impacto será limitado a medio y largo plazo.
La OCDE advierte además de los riesgos de seguir cargando el ajuste sobre las cotizaciones laborales. Un incremento excesivo de estas aportaciones elevaría la cuña fiscal del trabajo y podría afectar negativamente al empleo, especialmente entre los colectivos más vulnerables.
Por ello, el organismo sugiere introducir ajustes automáticos ligados a la esperanza de vida y ampliar los periodos de cálculo de la pensión, además de fomentar una mayor participación laboral de los trabajadores de más edad.
Suecia como referencia de sostenibilidad
Frente a este escenario, el modelo sueco suele aparecer como un ejemplo de equilibrio entre sostenibilidad financiera y aceptación social.
Suecia reformó su sistema de pensiones a finales de los años noventa con un objetivo claro: asegurar prestaciones suficientes sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas en el largo plazo.
El núcleo del sistema se apoya en un esquema de cuentas nocionales individuales. Cada trabajador dispone de una cuenta virtual en la que se registran sus cotizaciones, que se revalorizan en función del crecimiento de los salarios.
Aunque sigue siendo un sistema de reparto, la relación entre lo cotizado y lo percibido es clara y transparente, lo que refuerza la percepción de equidad contributiva.
Ajustes automáticos y menor dependencia política
Uno de los elementos más valorados del modelo sueco es su mecanismo de equilibrio automático. Cuando la relación entre ingresos y compromisos futuros se deteriora por razones demográficas o económicas, el sistema ajusta de forma automática la actualización de las pensiones.
Este diseño reduce la dependencia de decisiones políticas discrecionales y permite reaccionar antes de que aparezcan déficits persistentes.
Gracias a este enfoque, Suecia ha logrado mantener una tasa de sustitución relativamente estable y preservar la solvencia del sistema a lo largo del tiempo. La previsibilidad y la disciplina financiera han sido claves para consolidar la confianza social en el modelo.
Capitalización obligatoria y flexibilidad
El sistema sueco incorpora además un componente obligatorio de capitalización individual, financiado con un porcentaje del salario e invertido en fondos supervisados.
Este pilar complementa el reparto y aporta diversificación, reduciendo la dependencia exclusiva de las cotizaciones futuras.
A ello se suma una elevada flexibilidad en la edad de jubilación. No existe una frontera rígida, sino un rango en el que la pensión se ajusta de forma actuarial según el momento efectivo de retiro.
Este planteamiento alinea incentivos entre trabajadores y sistema, fomentando carreras laborales más largas sin recurrir a penalizaciones abruptas.
Transparencia y cultura financiera
Otro rasgo distintivo es la comunicación constante con el ciudadano. Cada año, los trabajadores reciben información detallada sobre su situación y su pensión estimada, lo que facilita la planificación y reduce la incertidumbre. La transparencia institucional se convierte así en una herramienta de estabilidad social.
España y Suecia parten de realidades distintas, pero la experiencia sueca demuestra que es posible combinar sostenibilidad, suficiencia y legitimidad social.
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La noticia
España tiene aún mucho que aprender para mejorar el sistema de pensiones. Suecia podría ser el país al que copiar por su sostenibilidad y aceptación social
fue publicada originalmente en
El Blog Salmón
por
Sergio Delgado
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