El Gobierno repartió en 2025 un récord de 23.000 millones de euros en contratos a dedo, el mayor importe de toda la serie histórica

El Gobierno repartió en 2025 un récord de 23.000 millones de euros en contratos a dedo, el mayor importe de toda la serie histórica

La contratación pública española registró en 2025 el mayor volumen de adjudicaciones realizadas mediante el procedimiento negociado sin publicidad desde que existen registros estadísticos comparables.

Según los datos recopilados por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, el Estado formalizó contratos por valor de 23.116 millones de euros a través de este sistema, una fórmula que permite negociar directamente con empresas invitadas sin necesidad de abrir un concurso público.

Este volumen convierte al pasado ejercicio en el más elevado dentro de la serie histórica. El análisis de los datos revela además que el incremento registrado en el último año explica buena parte del crecimiento acumulado en este tipo de adjudicaciones durante el último lustro.

El procedimiento negociado sin publicidad está regulado por la Ley de Contratos del Sector Público y se utiliza en situaciones específicas en las que la Administración considera que no resulta adecuado recurrir a una licitación abierta. Sin embargo, su uso suele generar debate porque reduce el nivel de competencia empresarial frente a los procedimientos abiertos.

Más de 36.700 millones adjudicados desde 2021

El aumento de este mecanismo en los últimos años ha sido notable. Entre 2021 y 2025, la Administración General del Estado formalizó contratos mediante este sistema por un valor acumulado de 36.727 millones de euros.

Durante dicho periodo se han registrado 15.721 contratos o lotes adjudicados mediante negociación directa con empresas invitadas. Si se divide el volumen total adjudicado entre el número de expedientes formalizados, la cuantía media de cada contrato supera los 2,3 millones de euros.

Este dato permite observar que no se trata únicamente de contratos de pequeña dimensión, sino de adjudicaciones con un volumen económico considerable dentro del gasto público estatal.

El peso de este procedimiento dentro del conjunto de la contratación pública también resulta significativo. Desde 2021, la Administración General del Estado ha licitado contratos por un importe superior a 190.000 millones de euros. Dentro de ese volumen total, las adjudicaciones mediante negociado sin publicidad representan aproximadamente el 20% de la contratación estatal.

El crecimiento se concentra en 2025

La evolución de la serie muestra que el ejercicio 2025 ha marcado un punto de inflexión. Más del 60% de todo el dinero adjudicado mediante este procedimiento desde 2021 se concentra precisamente en el último año.

Los datos del panel estadístico de Oirescon muestran además que el mayor incremento se produjo en el tramo final del ejercicio, cuando se registró el pico trimestral más elevado desde que se dispone de registros comparables.

Entre los factores que explican este aumento destacan las adquisiciones realizadas por el Ministerio de Defensa, especialmente en el ámbito del material militar y de equipamiento estratégico.

Este tipo de compras suelen recurrir con mayor frecuencia a procedimientos negociados debido a la naturaleza técnica de los contratos y a la necesidad de confidencialidad.

Qué significa el procedimiento negociado sin publicidad

El mecanismo de negociación directa permite a la Administración contratar sin publicar previamente una licitación abierta. En lugar de convocar un concurso público al que puedan presentarse todas las empresas interesadas, el organismo contratante invita directamente a determinados proveedores y negocia con ellos las condiciones del contrato.

Este sistema está previsto en la legislación española para situaciones excepcionales. Entre los supuestos que permiten utilizarlo figuran los contratos que solo puede ejecutar un proveedor concreto, los casos de urgencia que no permiten esperar a los plazos de un procedimiento ordinario o aquellos proyectos con características técnicas muy específicas que limitan la competencia.

A pesar de estar regulado por ley, su utilización suele ser objeto de seguimiento por parte de organismos de supervisión porque reduce la concurrencia empresarial.

Ojo, que los contratos menores quedan fuera de estas cifras

Uno de los aspectos más relevantes de los datos publicados es que el volumen de 23.116 millones no incluye los contratos menores. Este tipo de adjudicaciones constituyen otra modalidad de contratación directa, pero están limitadas por ley a importes más reducidos y siguen un procedimiento distinto.

Por tanto, las cifras analizadas corresponden exclusivamente a contratos negociados sin publicidad que superan los umbrales económicos establecidos para los contratos menores.

Los organismos encargados de supervisar la contratación pública utilizan este tipo de indicadores para evaluar el nivel de competencia en el mercado de compras públicas.

Cuando una administración recurre con frecuencia a procedimientos sin convocatoria pública, el número de empresas que pueden optar al contrato se reduce considerablemente.

La competencia como garantía de eficiencia

La Comisión Europea analiza periódicamente el funcionamiento de la contratación pública en los Estados miembros a través de distintos indicadores del mercado interior. Uno de los elementos clave que evalúan estas herramientas es el grado de competencia en los procedimientos de adjudicación.

Las instituciones comunitarias consideran que la competencia entre empresas es un factor esencial para garantizar la eficiencia del gasto público. Cuando varias compañías compiten en un concurso abierto, la presión competitiva suele favorecer ofertas más ajustadas al presupuesto y mejores condiciones contractuales.

El Tribunal de Cuentas Europeo también ha advertido en diversos informes que la falta de competencia en los procesos de contratación puede afectar a la eficiencia del gasto público.

Cuando las administraciones negocian directamente con un número reducido de proveedores, disminuye la capacidad del mercado para ajustar precios o mejorar las condiciones del contrato.

Imágenes | El País, Pixabay


La noticia

El Gobierno repartió en 2025 un récord de 23.000 millones de euros en contratos a dedo, el mayor importe de toda la serie histórica

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El Blog Salmón

por
Sergio Delgado

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