El ejecutivo de Pedro Sánchez no deja de repetir que el problema de la vivienda se encuentra en el centro de su agenda. Tanto que hace unos días anunció una “gran empresa pública de vivienda” de la que, de momento, hay más incertidumbres que certezas.
Y es que la realidad es la que es: no se ha construido prácticamente nada durante años. Y esto ha llevado a que los precios de los alquileres alcancen máximos históricos y las viviendas a la venta disponibles sean casi inaccesibles. No solo por los precios, sino porque dada la enorme demanda, duran muy poco en el mercado.
Y los datos también son los que son: la vivienda ha tenido que marcar la agenda política para poner en evidencia un tema. Demasiados años gastando en ocio, cultura y en las necesarias pensiones pero un pírrico gasto en vivienda social.
El gasto público le da la espalda a la vivienda
El gasto público en España muestra una clara disparidad entre diferentes áreas prioritarias. Mientras que el Estado invierte más en actividades culturales y de ocio que en vivienda, las pensiones absorben la mayor parte del presupuesto público, dejando poco margen para otros sectores cruciales.
Este enfoque plantea preguntas sobre las prioridades presupuestarias y sus consecuencias para los ciudadanos, especialmente en un contexto de crisis habitacional y tensiones económicas.
Ya tenemos datos de gasto público de España para 2023. Pasamos de 637.117 millones de euros a 680.952 millones de euros. La mayor partida, la de siempre https://t.co/tRsK9KNcHd pic.twitter.com/8cQqGbTeUk
— Jon González (@Jongonzlz) November 30, 2024
Según los datos presupuestarios de 2023, las políticas culturales y de ocio recibieron 1.148 millones de euros, superando con creces los 876 millones asignados a vivienda social. Aunque ambas áreas son importantes para el bienestar de los ciudadanos, la inversión en vivienda tiene un impacto directo en garantizar derechos fundamentales, como el acceso a un hogar digno, especialmente para los grupos más vulnerables.
En términos relativos, el gasto en vivienda representa solo el 0,7% del presupuesto estatal, mientras que otros países europeos destinan porcentajes mucho mayores. Por ejemplo, en Francia y Alemania, el gasto en vivienda social alcanza entre el 1,5% y el 2% del PIB, lo que les permite mantener un parque de vivienda social que representa entre el 7% y el 10% del total, muy por encima del escaso 2% de España.
El aumento del gasto en pensiones que no cesa
Por otro lado, las pensiones se llevan la mayor parte del presupuesto público, con 190.687 millones de euros en 2023, lo que equivale a más del 40% del total. Este incremento, impulsado por el envejecimiento de la población y la revalorización de las prestaciones, es esencial para garantizar la seguridad económica de los jubilados, pero también plantea un desafío a largo plazo. El sistema actual enfrenta presiones crecientes debido a la combinación de una población activa reducida y un aumento en la esperanza de vida.
Este contexto plantea la necesidad de reformas estructurales en el sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad sin comprometer otras áreas esenciales como vivienda o educación. Diversos expertos han sugerido medidas como fomentar planes complementarios de pensiones, incentivar el retraso en la edad de jubilación y promover políticas de conciliación que permitan aumentar la natalidad y, con ello, el número de contribuyentes futuros.
Impacto de la crisis habitacional
La falta de inversión en vivienda social tiene efectos directos en los ciudadanos. Según datos del INE, los precios del alquiler han aumentado un 50% en la última década, mientras que los salarios apenas han crecido un 10%. Esta brecha dificulta el acceso a la vivienda, especialmente para los jóvenes y las familias con ingresos bajos. Además, España cuenta con más de 3 millones de viviendas vacías, lo que resalta un problema de asignación ineficiente de recursos.
Los colectivos más afectados son aquellos con rentas más bajas, para quienes el acceso a la vivienda representa un porcentaje desproporcionado de sus ingresos. Según un informe de Eurostat, casi el 10% de los hogares españoles destinan más del 40% de su renta mensual al pago del alquiler, situándose por encima de la media europea.
Propuestas para equilibrar el gasto público
Ante este escenario, diversos sectores han planteado soluciones para equilibrar el gasto público de forma más eficiente.
Por un lado, incrementar la inversión en vivienda social, lo que permitiría ampliar el parque de viviendas accesibles y reducir la presión sobre los alquileres, especialmente en ciudades tensionadas como Madrid, Ibiza, Palma de Mallorca, Valencia y Barcelona.
Revisar el gasto en cultura y ocio también se vuelve fundamental. Eso sí, sin reducir drásticamente esta partida, podría reorientarse parte de los fondos hacia áreas más urgentes, como vivienda y servicios sociales.
Medidas como el ajuste gradual de la edad de jubilación y el impulso de planes privados de ahorro complementarios también podrían aliviar la carga presupuestaria sin comprometer las prestaciones. O fomentar la colaboración público-privada, lo que permitiría movilizar recursos privados para desarrollar proyectos de vivienda social y de alquiler asequible.
¿Y qué hacemos con las viviendas vacías? Políticas como impuestos a viviendas desocupadas y programas de alquiler social podrían ser efectivas para mejorar el acceso a vivienda sin requerir grandes inversiones iniciales tal y como se han llevado a cabo en países como Alemania.
Una cosa está clara: el análisis del gasto público en España evidencia la necesidad de una redistribución más equitativa de los recursos. Si bien las pensiones y la cultura son pilares importantes del bienestar social, el acceso a la vivienda es un derecho básico y un enorme problema actual.
Imágenes | Getty Images, Instagram
–
La noticia
El Estado gasta más en ocio y cultura que en vivienda. Y cada día nos gastamos más en pensiones que en vivienda social
fue publicada originalmente en
El Blog Salmón
por
Sergio Delgado
.
