Mientras Washington intenta salir de un largo cierre de gobierno, otro tema vuelve a encender la política estadounidense: los archivos de Jeffrey Epstein. La Cámara de Representantes se prepara para votar un proyecto que obligaría al Departamento de Justicia (DOJ) a revelar miles de documentos relacionados con las investigaciones por tráfico sexual del fallecido financista, en medio de presiones de víctimas, divisiones en el Partido Republicano y temores sobre el impacto que esa información pueda tener en figuras poderosas de ambos partidos.
¿Qué va a votar el Congreso de Estados Unidos?
La Cámara de Representantes se dispone a votar un proyecto de ley impulsado de forma bipartidista que obligaría al Departamento de Justicia a publicar casi todos los documentos relacionados con las investigaciones sobre Jeffrey Epstein y su socia, Ghislaine Maxwell, con excepciones específicas para proteger la identidad de las víctimas y material de abuso sexual infantil.
La presión para llegar a esta votación surgió de una maniobra poco habitual: un discharge petition, mecanismo parlamentario que permite forzar que un proyecto sea llevado al pleno incluso contra la voluntad del liderazgo de la Cámara. La petición fue encabezada por el republicano Thomas Massie y el demócrata Ro Khanna y reunió firmas de todos los demócratas y cuatro republicanos clave, lo que obligó al presidente de la Cámara, Mike Johnson, a aceptar que el tema se vote.
De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, la votación está prevista para mediados de noviembre y se enfocará en un proyecto que fija plazos al DOJ para divulgar los archivos, a la vez que codifica en ley qué tipo de información puede ser redactada.
En paralelo, la resolución H.Res. 668 —ya aprobada por la Cámara— ordena al Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental continuar investigando la posible mala gestión de los casos Epstein/Maxwell y publicar sus propios registros, incluyendo:
- bitácoras de vuelo de aeronaves usadas por Epstein,
- documentos sobre su detención y muerte,
- nombres de personas relacionadas con sus delitos o acuerdos legales,
- comunicaciones internas del DOJ sobre decisiones de investigar o acusar.
Esa resolución también prohíbe explícitamente ocultar información por “vergüenza, daño reputacional o sensibilidad política”, un punto que se ha vuelto central en el debate.
¿Qué son exactamente los “Epstein files”?
El término “Epstein files” no se refiere a un solo expediente, sino a un conjunto de documentos dispersos: registros judiciales, archivos de la fiscalía, memorandos del FBI y el DOJ, listas de vuelos, correos electrónicos, libros de contactos y acuerdos confidenciales relacionados con Jeffrey Epstein y su red.
De acuerdo con una explicación detallada de The Guardian, el concepto se popularizó cuando Donald Trump, en campaña, prometió liberar los archivos sobre las investigaciones de su antiguo conocido. Ya en la Casa Blanca, el Departamento de Justicia señaló que no publicaría más documentos por ahora, argumentando que podría revictimizar a sobrevivientes y aclarando que no existe un “client list” oficial como tal, sino múltiples expedientes con referencias a personas vinculadas de distintas maneras a Epstein.
Un análisis de Axios resume los “Epstein files” como un paraguas que abarca:
- documentos de la demanda civil de 2015 contra Maxwell,
- cientos de páginas divulgadas por el DOJ con listas de vuelos, agenda de contactos y listas de “masajistas”,
- correos electrónicos recientes que mencionan a figuras políticas de alto perfil,
- así como los miles de archivos que el Congreso ha ido obteniendo de Justicia y del patrimonio de Epstein.
Un caso judicial que sigue generando sospechas
Jeffrey Epstein fue detenido en 2019 por cargos federales de tráfico sexual de menores y murió ese mismo año en una cárcel de Nueva York; la versión oficial es que se suicidó, aunque la muerte ha alimentado teorías de conspiración debido a sus conexiones con figuras poderosas. Maxwell fue sentenciada en 2021 a 20 años de prisión por su rol en captar y abusar de adolescentes para Epstein.
Un memorando conjunto del DOJ y el FBI, revelado este año y reseñado por Axios, concluyó que:
- no hay evidencia creíble de que Epstein haya sido asesinado en prisión,
- no se encontró un “client list” incriminatorio único,
- ni pruebas de un esquema sistemático de chantaje a figuras prominentes,
aunque reconoció que hubo fallas graves en la supervisión carcelaria y en decisiones previas de fiscales.
Aun así, jueces federales han rechazado liberar ciertas piezas clave, como transcripciones de un gran jurado en el caso Maxwell, alegando que aportarían poca información nueva y vulnerarían la confidencialidad de ese tipo de procesos.
La batalla política en Washington
La pugna por los “Epstein files” se ha convertido también en arma política.
Por un lado, sobrevivientes, organizaciones de derechos humanos y legisladores de ambos partidos sostienen que solo una divulgación amplia permitirá saber quién más participó o encubrió los abusos, y por qué se tomaron decisiones tan polémicas como el acuerdo de no enjuiciamiento que Epstein obtuvo en Florida en 2008.
Por otro lado, el gobierno federal y algunos miembros del Congreso advierten que una publicación masiva puede:
- revictimizar a sobrevivientes,
- exponer investigaciones paralelas,
- y abrir la puerta a interpretaciones equivocadas sobre personas mencionadas en los documentos, pero que nunca fueron acusadas formalmente.
¿Qué puede cambiar la nueva ley?
Si la Cámara aprueba el proyecto y el Senado hace lo propio, el DOJ estaría obligado a publicar, en un plazo acotado, la mayor parte de los archivos sobre Epstein, con la posibilidad de tachar únicamente:
- datos personales de víctimas,
- material de pornografía infantil,
- información que ponga en riesgo investigaciones activas,
- y datos clasificados.
La ley también enviaría un mensaje a las agencias federales: no se podrán ocultar documentos por el mero hecho de que resulten “embarazosos” o “políticamente sensibles” para funcionarios, donantes o aliados de cualquier partido.
En la práctica, la aprobación no resolvería de inmediato todas las dudas. Determinar qué se redacta y qué no seguiría siendo una decisión técnica y política, y podrían surgir nuevas batallas judiciales sobre el alcance de la transparencia, en especial en lo relativo a grandes jurados y acuerdos confidenciales.
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