El Ministerio de Sanidad ha sido claro: «es competencia de Función Pública, no privada», y ha defendido que los funcionarios supondrán un peso extra del 2,4 % del total de los pacientes que acoge el Sistema Nacional de Salud.
Las preguntas sobre el cómo y el cuándo todavía están en el aire, pero la ministra Mónica García se mostró tranquila ante la posibilidad de que Gobierno y aseguradoras no lleguen a un acuerdo: lo ve perfectamente asumible.
«Perfectamente asumible»
Entre mensajes institucionales, García ha tratado de lanzar mensajes tranquilizadores tras las últimas semanas de protestas, convocatorias y manifestaciones por parte de los sindicatos, que exigen un acuerdo entre las partes. Mientras tanto, el mensaje desde el Gobierno ha ido virando hacia un “perfectamente asumible” y una crítica feroz contra las aseguradoras.
En este sentido, la ministra afirmó antes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que reunió el lunes al ministerio con las comunidades autónomas, que Muface no es competencia pública y, sobre todo, que son “las aseguradoras son las que tienen que firmar ese convenio, y hasta ahora no lo han firmado, porque no les sale rentable.”
Además, ha agregado que, para los seguros privados, «los mutualistas no les salen rentables» (a las aseguradoras), pero sí al estado: «A quienes sí nos sale rentable cuidar a los pacientes es a la sanidad pública».
Impacto desigual, por regiones
Todo ello, choca con la situación pro comunidades autónomas, que absorberán de forma desigual esta situación. De este modo, si bien el CIS de junio de 2024, hablaba de que la percepción de la sanidad pública ha ido a peor, a medida que han aumentado las listas de espera (un 26 % más), este impacto es desigual.
Tan desigual como que los 70 días de espera en Madrid, La Rioja o el País Vasco, puden duplicarse en Andalucía o Extremadura (160 días: medio año). A todo ello, se han detectado también fallos en la atención igualitaria a las personas y un empeoramiento de la salud en pacientes asociado a los tiempos de espera, tanto en diagnósticos como en recuperaciones.
Pese a las buenas intenciones, esto parece difícil de gestionar desde el Gobierno central, que, obviamente, delegará la presión asistencial en las comunidades en la práctica. Y ocurrirá en un periodo especialmente sensible, con la jubilación anual de alrededor de 2.863 médicos por cada 2.061 que se incorporan.
De este modo, la clave será ampliar plantillas y jornadas y establecer criterios para priorizar a pacientes vulnerables, pero en una tesitura repleta de fechas límite y sin la seguridad de que las aseguradoras accedan a la prórroga planteada por el gobierno para poder cumplir el requisito de lista de espera cero.
Desde las CCAA, hay dudas
En esta línea, ante las declaraciones de la ministra, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute (PP), ha advertido sobre la necesidad de aumentar o realizar nuevos acuerdos con la sanidad privada, mientras que el consejero de Sanidad de Aragón, José Luis Bancalero (PP), ha afirmado que el presupuesto destinado a Muface no es suficiente para cubrir el traspaso de los mutualistas al sistema público.
En este sentido, hay un punto importante que desde el Gobierno todavía debe revisarse al detalle: cómo afectarán los costes añadidos de algunas comunidades autónomas, por ejemplo, aquellas con una fuerte dispersión poblacional, mayores listas de espera o con población envejecida.
Por ahora, sigue todo en el aire. La fecha límite, el 31 de diciembre.
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La noticia
El gobierno dice que la sanidad pública absorba a los funcionarios de Muface. Las comunidades son las que pagan el coste
fue publicada originalmente en
El Blog Salmón
por
Javier Ruiz
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