Este pasado lunes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la creación de una nueva empresa pública dedicada a la construcción y gestión de viviendas asequibles en España. Con esta medida, el Ejecutivo busca ampliar el parque público de viviendas, que se encuentra actualmente en niveles muy bajos comparado con otros países europeos.
No obstante, este anuncio ha generado críticas y dudas debido al incumplimiento de promesas anteriores, como la movilización de 184.000 viviendas asequibles anunciada hace casi dos años, de las cuales no se ha construido ni una sola
Una promesa con metas ¿demasiado ambiciosas?
El principal objetivo de esta nueva empresa es aumentar el porcentaje de vivienda pública en España hasta alcanzar el 6% del total en 2030. En comparación, países como Austria tienen un parque público de viviendas que representa el 25% del total, mientras que en Francia alcanza el 17%. En España, la cifra actual es de solo un 1,6%, según datos de organismos oficiales.
La empresa pública también gestionará proyectos de rehabilitación de viviendas existentes, buscará garantizar alquileres accesibles y pretende reducir el impacto de la especulación inmobiliaria. Aunque el anuncio es ambicioso, el Gobierno no ha detallado cómo financiará esta empresa ni ha ofrecido un cronograma claro para la implementación de sus planes.
Esta estrategia, que algunos comparan con el exitoso modelo de Viena, donde más de la mitad de los ciudadanos vive en viviendas públicas con alquileres regulados, enfrenta el reto de adaptarse a las complejidades del mercado español. En Viena, los alquileres están limitados a un 30% de los ingresos del inquilino, una cifra que contrasta con la situación en España, donde miles de familias destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler.
El incumplimiento de las 184.000 viviendas prometidas
En abril de 2023, en la campaña de las elecciones autonómicas, el Ejecutivo presentó un plan que incluía la movilización de 184.000 viviendas asequibles. Este proyecto prometía resolver el grave problema de acceso a la vivienda, especialmente para los sectores más vulnerables de la población. La iniciativa involucraba al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y al Fondo Social de Viviendas.
Sin embargo, hasta la actualidad ni una sola vivienda ha sido construida bajo este marco. Aunque algunas viviendas existentes han sido movilizadas, representan menos del 50% de lo prometido inicialmente. Según datos del Gobierno, a mediados de 2024 solo 80.745 viviendas habían sido asignadas para uso social, lejos de las 184.000 anunciadas.
La Sareb, en particular, se comprometió a poner a disposición 50.000 viviendas, pero muchas de estas propiedades requieren rehabilitación significativa, lo que ha retrasado su disponibilidad. Este incumplimiento ha generado una ola de críticas tanto desde la oposición política como de organizaciones sociales, que exigen medidas más concretas y urgentes para abordar la crisis habitacional.
Uno de los principales desafíos para implementar estos planes es la disponibilidad de suelo público. A pesar de los anuncios, la movilización de terrenos aptos para la construcción de nuevas viviendas ha sido lenta. Factores como los problemas administrativos, la falta de coordinación entre las distintas administraciones (estatales, autonómicas y locales) y el conflicto con intereses privados han frenado el avance de las iniciativas.
Además, expertos señalan que el Gobierno ha priorizado los anuncios mediáticos sobre la acción concreta. Según un informe reciente, entre julio de 2023 y septiembre de 2024, solo se construyeron 224 viviendas de alquiler social en el marco del actual Plan Estatal de Vivienda. Esto pone en evidencia una desconexión entre los objetivos planteados y los resultados reales.
Escepticismo ante la nueva empresa pública
El anuncio de la nueva empresa pública ha sido recibido con escepticismo, especialmente después de los incumplimientos anteriores. Aunque el modelo de vivienda pública ha demostrado ser eficaz en otros países europeos, la falta de credibilidad del Gobierno español en esta materia genera dudas sobre si podrá cumplir esta vez.
Desde la oposición, el Partido Popular ha propuesto medidas alternativas, como bonificaciones fiscales para propietarios que alquilen viviendas vacías y la movilización de suelo público para la construcción de viviendas asequibles. Además, el consejero de Medio Ambiente y Vivienda de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha advertido que cualquier política de vivienda está destinada al fracaso si no se establece una colaboración efectiva entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.
Por su parte, organizaciones sociales han insistido en la necesidad de tomar medidas inmediatas, como la regulación de los precios del alquiler, la expropiación de viviendas vacías en manos de grandes propietarios y una movilización más efectiva del suelo público disponible.
Mientras los anuncios y promesas se acumulan, la crisis habitacional en España sigue empeorando. Según datos de Eurostat, el 40% de los hogares destinan más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, una cifra que supera ampliamente las recomendaciones de sostenibilidad económica. Además, los precios del alquiler han seguido aumentando, dejando fuera del mercado a miles de familias, especialmente en ciudades como Madrid, Ibiza, Barcelona y Valencia.
¿Promesas cumplidas o más decepciones?
La creación de una empresa pública de vivienda podría ser un paso en la dirección correcta si se implementa de manera efectiva. Sin embargo, los antecedentes de incumplimientos y retrasos generan dudas legítimas sobre la capacidad del Gobierno para traducir sus palabras en acciones.
El éxito de esta iniciativa dependerá de una financiación adecuada, una planificación realista y una colaboración efectiva entre todos los niveles de gobierno y los sectores involucrados. En un contexto donde la crisis habitacional afecta gravemente a miles de ciudadanos, las soluciones no pueden permitirse más demoras. Lo triste de todo esto es que estas demoras ya van siendo más que habituales.
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La noticia
El gobierno promete una nueva empresa pública de vivienda. También prometió 184.000 viviendas hace dos años y apenas ha construido 200
fue publicada originalmente en
El Blog Salmón
por
Sergio Delgado
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