El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, regresó este viernes al cargo tras 112 días de licencia, luego de comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los señalamientos de autoridades de Estados Unidos sobre presuntos nexos de su Gobierno con el Cártel de Sinaloa.
Rocha Moya aseguró que durante el periodo de licencia se puso a disposición de las autoridades mexicanas y sostuvo que la FGR determinó que no existen pruebas que lo vinculen con las acusaciones. Sin embargo, el Gobierno federal aclaró que la investigación contra el gobernador y otros nueve funcionarios continúa abierta.
Hoy regreso al ejercicio de mi responsabilidad como gobernador de Sinaloa con la frente limpia y en alto, y con la fuerza de la verdad de nuestro lado”,
aseguró Rocha Moya en un mensaje publicado en la red social X.
El gobernador afirmó que, de acuerdo con la investigación de la FGR, “no existen los mínimos elementos de prueba que sustenten nuestra participación en conducta penal alguna, o sea no he cometido ningún delito”.
No obstante, la Secretaría de Gobernación (Segob) precisó que el regreso de Rocha Moya al cargo fue una decisión personal y que las carpetas de investigación relacionadas con los señalamientos contra diez personas permanecen en manos de la Fiscalía.
En un comunicado, la dependencia señaló que la reincorporación del gobernador “responde exclusivamente a una determinación de carácter personal”.
La Segob también recordó que la FGR mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con las diez personas señaladas por autoridades estadounidenses, incluido Rocha Moya, tal como se informó en julio. La dependencia subrayó que corresponde a la Fiscalía informar sobre el avance de las investigaciones.
La precisión del Gobierno federal contrasta con la afirmación de Rocha Moya sobre una supuesta conclusión de la FGR a su favor. La Fiscalía no se ha pronunciado públicamente para respaldar esa versión.
Los señalamientos contra Rocha Moya
El caso se remonta a finales de abril, cuando autoridades estadounidenses señalaron a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios de su Gobierno por su presunta implicación en una “conspiración” con líderes del Cártel de Sinaloa para introducir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
De acuerdo con la acusación difundida el 29 de abril, los funcionarios presuntamente habrían protegido operaciones del Cártel de Sinaloa, particularmente de la facción de Los Chapitos, mediante el acceso a información sensible y facilidades para el transporte de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos millonarios.
Según las autoridades estadounidenses, la red habría operado para introducir fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina a ese país con apoyo desde estructuras del Gobierno en Sinaloa.
Entre los señalados también aparecen el senador oficialista Enrique Inzunza y los exsecretarios de Seguridad y de Administración y Finanzas de Sinaloa, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, respectivamente. Estos últimos se entregaron a las autoridades estadounidenses en mayo.
Rocha Moya rechazó los señalamientos desde el inicio y los calificó de “falsos” y sin sustento. Durante su regreso al cargo, insistió en esa postura.
“Soy ajeno e inocente de las patrañas que se han urdido en mi contra”, afirmó, al tiempo que reivindicó su pertenencia a la Cuarta Transformación.
El gobernador también expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien presentó como defensora de la soberanía, democracia e independencia “frente a las asechanzas de intereses extranjeros, y a la felonía de la ultraderecha opositora”.
Rocha Moya calificó los señalamientos estadounidenses como “falsos” y con “motivaciones políticas e injerencistas de la ultraderecha nacional y extranjera”, y sostuvo que “pretendían lesionar” la soberanía nacional.
México pide pruebas a Estados Unidos
Mientras Rocha Moya sostiene que la investigación de la FGR no encontró elementos en su contra, la Segob señaló que la Cancillería mexicana “ha solicitado de manera reiterada” al Departamento de Justicia estadounidense proporcionar las pruebas que sustenten las acusaciones.
El Gobierno mexicano mantiene así dos frentes abiertos: por un lado, la investigación de la FGR sobre los diez señalados; por otro, los señalamientos formulados por autoridades estadounidenses contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
Por ahora, el regreso de Rocha Moya al Gobierno estatal no implica el cierre de las investigaciones. La FGR mantiene la atribución de determinar el avance del caso y comunicar sus conclusiones, mientras que el gobernador sostiene que las acusaciones carecen de sustento.
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