La industria del capital privado (private equity) y la deuda privada (private debt) suelen ir de la mano. En los últimos dos años se ha hablado cada vez más de la opacidad de ciertas prácticas dentro de la industria que, si no se revisan a tiempo, podrían desencadenar una crisis capaz de afectar al conjunto del sistema financiero. México no es la excepción: se estima que, entre capital y deuda privados, se han invertido alrededor de 8,600 millones de dólares en los últimos cinco años.
El auge del capital privado y de la deuda privada es consecuencia de las regulaciones impuestas a la banca tradicional después de la crisis financiera de 2008. Dicha crisis derivó en una serie de regulaciones orientadas a disminuir la exposición de las entidades financieras a instrumentos de inversión y crédito de alto riesgo. Como resultado, se establecieron nuevos requisitos de capital y provisionamiento para la banca comercial, lo que volvió muy difícil —si no imposible— invertir o prestar dinero a clientes con alto riesgo crediticio.
Cómo la deuda privada ganó protagonismo en el sistema financiero
En este contexto, el capital y la deuda privados se convirtieron en vehículos esenciales para canalizar la inversión y el crédito hacia ciertos sectores —por ejemplo, el tecnológico— que, debido a su nivel de riesgo, difícilmente podían ser atendidos por la banca tradicional.
Sin embargo, mientras que en el capital privado los inversionistas asumen el riesgo de perder toda su inversión, ya que en la práctica son accionistas, en la deuda privada los límites del riesgo no están tan claramente definidos. De hecho, comienzan a observarse ciertas similitudes con la opacidad en la valoración de las garantías subyacentes, de manera similar a lo ocurrido con la deuda hipotecaria subprime en 2008.
El papel de las aseguradoras y las agencias calificadoras
El problema principal radica en que la deuda privada, especialmente en Estados Unidos, termina con frecuencia formando parte de inversiones de largo plazo en aseguradoras que comercializan productos de ahorro para el retiro y otros instrumentos de capitalización dirigidos al público en general, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo.
Esto ocurre porque las aseguradoras pueden invertir las primas que reciben de sus clientes por seguros de vida, capitalizaciones para pensiones y otros productos en instrumentos que cuenten con grado de inversión otorgado por una agencia crediticia debidamente acreditada. Estas agencias no son necesariamente las tres más grandes: S&P, Fitch y Moody’s.
En otras palabras, ha surgido un mercado de agencias especializadas en calificar este tipo de deuda. Sin embargo, existen dudas acerca de la transparencia y los criterios utilizados para evaluar los distintos instrumentos de deuda privada emitidos por fondos de capital y deuda privados alrededor del mundo.
Si la deuda privada que se está calificando obtiene grado de inversión, la regulación en Estados Unidos y en otros países permite que numerosas entidades financieras puedan comprarla. De esta manera, el riesgo crediticio que inicialmente recaía sobre un fondo de capital privado pasa a ser asumido por la aseguradora o entidad financiera que recompra dicha deuda como inversión.
Cuando un riesgo privado se convierte en un riesgo sistémico
Así, un riesgo privado de impago puede convertirse en un riesgo sistémico, al integrarse a los activos de entidades financieras que administran dinero del público en general.
El problema se multiplica cuando las compañías gestoras de fondos de deuda privada son, a su vez, propietarias de compañías aseguradoras. Esto genera un incentivo para que el público en general quede indirectamente más expuesto al riesgo crediticio asociado a dicha deuda.
La deuda que muchas veces no aparece como deuda
Finalmente, otra particularidad de la deuda privada es que, muchas veces, no se reconoce contablemente como deuda. Un ejemplo de ello son las operaciones de trade finance utilizadas para financiar materias primas, las cuales en muchos casos se registran como mayores costos de proveedores, mientras que sus garantías se consideran “fuera de balance”.
Esto puede llevar a que el nivel real de endeudamiento de una empresa aparezca subestimado desde el punto de vista contable, al igual que su exposición al riesgo de impago.
Si a esto se suma que el mercado global de este tipo de deuda se estima en 2.3 billones de dólares, el resultado podría ser una crisis con consecuencias reales para las entidades financieras tradicionales y, por ende, para el público en general.
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