La propuesta para adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026 finalmente encontró un freno. Este lunes 11 de mayo, autoridades educativas estatales y federales acordaron no modificar, por ahora, el cierre oficial del calendario escolar, luego de la fuerte polémica provocada por el anuncio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de terminar clases el 5 de junio.
De acuerdo con información confirmada por El Universal, los secretarios de Educación del país alcanzaron un consenso para mantener el calendario escolar vigente y conservar las tradicionales seis semanas de vacaciones. El acuerdo ocurre tras varios días de presión pública, críticas de especialistas, cuestionamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sin embargo, el tema todavía no está completamente cerrado. Las autoridades también acordaron que los estados con condiciones climáticas particulares podrán solicitar ajustes específicos a la SEP, dependiendo de olas de calor extremas u otros factores regionales.
Qué decidió la SEP sobre el cierre del ciclo escolar
La decisión se tomó después de una reunión encabezada este lunes por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, quien durante los últimos días defendió públicamente el recorte del calendario escolar argumentando razones climáticas y logísticas relacionadas con el Mundial de Futbol 2026.
El funcionario había planteado originalmente concluir el ciclo escolar el 5 de junio de 2026, lo que implicaba eliminar alrededor de 40 días del calendario habitual.
Según la propuesta inicial, el ajuste respondía a una intensa ola de calor prevista para junio y a las complicaciones de movilidad y organización derivadas del Mundial, cuya inauguración está programada para el 11 de junio de 2026.
No obstante, la medida detonó críticas inmediatas cuando Mario Delgado defendió públicamente la idea asegurando que, hacia mediados de junio, las escuelas atraviesan un periodo con menor actividad pedagógica y mayor carga administrativa.
La intervención de Claudia Sheinbaum cambió el rumbo
La presión social escaló rápidamente y obligó a la presidenta Claudia Sheinbaum a intervenir este mismo lunes.
Durante su posicionamiento, la mandataria dejó claro que el Gobierno federal no respaldaría una reducción generalizada de clases si eso implicaba afectar el aprendizaje de millones de estudiantes.
Bajo ninguna circunstancia los niños pueden perder días efectivos de clases ni aprendizajes”, afirmó la presidenta al referirse a la discusión sobre el calendario escolar.
Sheinbaum explicó además que la propuesta había surgido de inquietudes planteadas por autoridades estatales y docentes, especialmente por el impacto logístico del Mundial y las altas temperaturas previstas para el verano.
Sus declaraciones abrieron la puerta a un escenario distinto: mantener el calendario nacional sin cambios y permitir únicamente ajustes focalizados en entidades con condiciones climáticas extraordinarias.
Por qué la propuesta generó tanta polémica
Lo que comenzó como un ajuste administrativo terminó convirtiéndose en un debate nacional sobre educación, desigualdad y cuidado infantil.
Especialistas, universidades, organizaciones civiles y organismos de derechos humanos cuestionaron tanto la justificación climática como el impacto que tendría eliminar más de un mes de clases para estudiantes de escuelas públicas.
La CNDH advirtió que cerrar planteles de manera anticipada podría afectar especialmente a madres y padres trabajadores, al dejar sin opciones de cuidado a millones de familias.
La escuela cumple una función social indispensable, y dejar a las madres y padres trabajadores sin opciones viables durante mes y medio agrava las brechas de desigualdad”, señaló el organismo.
Además, especialistas de la Universidad de Guadalajara (UdeG) cuestionaron el argumento climático y afirmaron que las temperaturas previstas para junio corresponden, en gran medida, al comportamiento habitual de la temporada.
Paralelamente, asociaciones de colegios privados comenzaron a advertir que mantendrían clases normales, argumentando contar con infraestructura suficiente para operar pese al calor, lo que intensificó el debate sobre desigualdad educativa.
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