Un juez federal en Manhattan negó la petición de Binance para obligar a sus clientes a ir a arbitraje por pérdidas vinculadas a siete tokens. La decisión permite que ciertas reclamaciones, anteriores al 20 de febrero de 2019, sigan su curso en tribunales y cuestiona si el exchange notificó de forma adecuada cambios clave en sus términos de uso.
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- El juez Andrew Carter concluyó que Binance no notificó suficientemente el cambio de términos que imponía arbitraje y una renuncia a demandar colectivamente.
- Las reclamaciones que siguen vivas son las surgidas antes del 20 de febrero de 2019; los demandantes aceptaron desestimar las posteriores a esa fecha.
- La demanda acusa a Binance de vender ilegalmente tokens no registrados y de no advertir riesgos significativos; Changpeng Zhao también figura como demandado.
Un juez federal en Manhattan rechazó la solicitud de Binance para obligar a sus clientes a someter sus reclamaciones a arbitraje, en un caso donde inversionistas acusan al mayor exchange de criptomonedas del mundo de vender ilegalmente tokens no registrados que luego perdieron gran parte de su valor. La decisión abre la puerta a que parte del litigio continúe en tribunales, en vez de resolverse fuera de la corte bajo un proceso privado.
El juez de distrito Andrew Carter determinó que los clientes pueden seguir adelante con las reclamaciones surgidas antes del 20 de febrero de 2019. El punto central fue la forma en que Binance modificó sus términos de uso en 2019 para exigir arbitraje y, además, para renunciar al derecho de los usuarios a demandar mediante una acción de clase.
Según la información difundida por Reuters, el tribunal no encontró evidencia de que Binance “anunciara” una disposición de arbitraje o que indicara en los términos dónde podían buscarla. Carter también concluyó que la supuesta renuncia a la acción de clase en los términos de uso de 2019 era ambigua e inaplicable, lo que debilitó el intento del exchange de cerrar el paso al litigio en corte.
Qué decidió el juez y por qué el arbitraje no aplicó en este tramo del caso
El arbitraje suele aparecer en contratos y términos de servicio como una vía alternativa a los tribunales. En la práctica, puede limitar el acceso a una demanda colectiva, reducir la exposición pública de una disputa y acotar la recolección de evidencia. Por eso, muchas empresas intentan canalizar conflictos hacia ese mecanismo cuando un usuario reclama por pérdidas o por condiciones de venta.
En este caso, Carter puso el foco en el aviso al usuario. Concluyó que Binance no notificó de forma suficiente la modificación de sus términos de uso para imponer arbitraje y la renuncia a participar en acciones colectivas. Para el juez, no bastó con que existiera un texto contractual actualizado si no había señales claras de que la plataforma lo comunicó de manera efectiva.
El fallo crea una línea temporal decisiva. Carter indicó que las reclamaciones anteriores al 20 de febrero de 2019 pueden avanzar en la corte. Ese criterio se conectó con el momento en que Binance habría introducido el lenguaje contractual que buscaba obligar el arbitraje y restringir demandas colectivas.
El tribunal también abordó, de forma específica, el alcance de la renuncia a una acción de clase. Carter señaló que la supuesta renuncia contenida en los términos de uso de 2019 resultaba ambigua, por lo que no podía aplicarse. Esa conclusión refuerza la posibilidad de que los demandantes mantengan, al menos en parte, una estrategia judicial colectiva en el tramo del caso que quedó vivo.
La demanda: siete tokens, pérdidas y el argumento de “riesgos significativos”
Los clientes demandantes alegan que Binance vendió ilegalmente tokens no registrados. Además, afirman que la plataforma no les advirtió que las compras implicaban “riesgos significativos”, como exigirían leyes federales y estatales de valores en Estados Unidos. En consecuencia, buscaron recuperar lo que pagaron por esos activos.
Los tokens mencionados en la demanda son siete: ELF, EOS, FUN, ICX, OMG, QSP y TRX. Los demandantes sostienen que estos activos perdieron gran parte de su valor, y que el exchange no proporcionó las advertencias necesarias sobre el perfil de riesgo de esas compras dentro del marco regulatorio aplicable.
Para lectores nuevos en el tema, el trasfondo es relevante: en el mercado cripto, la discusión sobre si un token es o no un valor (security) puede activar obligaciones de registro, divulgación y advertencias de riesgo. Cuando un activo se considera un valor, su oferta y venta en ciertos contextos queda sujeta a reglas más estrictas, y los intermediarios se exponen a litigios si no cumplen con requisitos legales.
En el plano procesal, el conflicto no comenzó con este fallo. Carter desestimó la demanda en 2022, pero una corte de apelaciones federal la revivió dos años después. Esa reactivación fue el paso que permitió que el caso volviera a discutir temas como arbitraje, notificación de términos y el derecho de los clientes a llevar el conflicto ante un juez.
Qué queda del caso y cómo respondió Binance
Un elemento clave es que los clientes acordaron en noviembre desestimar las reclamaciones que surgieran después del 20 de febrero de 2019. Por eso, el universo de hechos que se discute ahora en tribunales queda limitado a lo ocurrido antes de esa fecha. Aun así, el rechazo al arbitraje define dónde se peleará esa porción del caso: en la corte, no en un foro privado.
Tras la decisión, un portavoz de Binance declaró que la empresa “defenderá vigorosamente las limitadas reclamaciones que permanecen en este caso sin mérito”. La postura anticipa que el exchange buscará desactivar el fondo de las acusaciones, aunque en este punto el énfasis judicial se concentró en la vía procesal para resolver el conflicto.
El fundador de Binance y exdirector ejecutivo, Changpeng Zhao, también figura como demandado. Sus abogados no respondieron de inmediato a solicitudes de comentario, de acuerdo con el mismo reporte. La inclusión de un ejecutivo de alto perfil suele aumentar la sensibilidad del litigio, aunque en este momento la decisión se centró en el alcance de los términos de servicio y la notificación.
Más allá de este caso, el episodio ilustra por qué los términos de uso y su actualización se han convertido en un campo de batalla en servicios financieros digitales. En plataformas globales, un cambio contractual puede definir si un usuario puede demandar en corte, si debe ir a arbitraje y si puede hacerlo en conjunto con otros afectados. La decisión de Carter sugiere que, al menos aquí, la forma de comunicar esos cambios resultó tan importante como el contenido mismo del contrato.
