En América Latina, la digitalización avanza con fuerza, pagos electrónicos, banca digital, comercio en línea y plataformas gubernamentales se han convertido en pilares de la actividad económica cotidiana; sin embargo, este crecimiento convive con una fragilidad estructural que rara vez se aborda desde una perspectiva macroeconómica: la confianza digital. Hoy, la capacidad de una economía para generar confianza en entornos digitales comienza a tener un peso comparable al de la estabilidad institucional o la infraestructura física.
Sin confianza digital no hay economía digital sostenible. Hoy, blockchain, la criptografía y la ciberseguridad ya no son temas técnicos: son infraestructura económica.” señala Daniel Mendieta, Executive Director de Conecta.
Los costos de operar sin una arquitectura sólida de confianza digital ya son medibles. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, los ciberataques, fraudes digitales y las brechas estructurales en ciberseguridad representan un impacto económico significativo y creciente para América Latina y el Caribe, al generar interrupciones operativas, elevados costos de recuperación y daños reputacionales que afectan la productividad y la competitividad regional. El organismo advierte que la baja madurez en ciberseguridad constituye una vulnerabilidad sistémica con implicaciones económicas de largo plazo.
Esta pérdida de valor no solo afecta a empresas y usuarios finales; también limita la eficiencia del sistema financiero y reduce el alcance de los servicios formales. De acuerdo con el Banco Mundial, a pesar de los avances en inclusión financiera, millones de personas en América Latina siguen excluidas del sistema financiero formal debido, entre otros factores, a la falta de mecanismos confiables de identificación y verificación, lo que contribuye a la persistencia de la informalidad económica y restringe el potencial de crecimiento de la región.
A este panorama se suma el crecimiento sostenido de los incidentes cibernéticos. Un estudio del Banco Mundial sobre economía de la ciberseguridad en América Latina y el Caribe señala que, entre 2015 y 2022, la región pasó de ser la cuarta a la segunda región en desarrollo más atacada (solo detrás de Asia Oriental y el Pacífico) y que concentra aproximadamente 10% de los ciberataques globales; en paralelo, el mismo análisis documenta un aumento en el costo unitario de incidentes, por ejemplo, el costo promedio de una filtración de datos en América Latina subió de USD 2.8 millones a USD 3.69 millones entre 2017 y 2023 (citado en el estudio a partir de estimaciones de IBM). En términos de negocio, esto ya no es un ruido operativo: es una presión directa sobre continuidad, inversión y productividad.
Estos eventos no solo implican costos tecnológicos; afectan la continuidad operativa, erosionan la confianza de los usuarios y dañan la reputación institucional, variables que influyen cada vez más en la percepción de riesgo país y en la toma de decisiones de inversión.
En un contexto global marcado por el nearshoring, la relocalización de cadenas productivas y una competencia creciente por atraer capital, la confianza digital comienza a operar como un diferenciador silencioso. Inversionistas y corporativos ya no evalúan únicamente estabilidad macroeconómica o costos laborales; también consideran la resiliencia digital de los países, su capacidad para proteger datos sensibles, garantizar transacciones seguras y responder de forma coordinada ante incidentes cibernéticos de gran escala.
Desde esta perspectiva, tecnologías como blockchain adquieren un papel estratégico que va más allá de su asociación inicial con los criptoactivos. De acuerdo con el Bank for International Settlements, las tecnologías de registro distribuido pueden funcionar como infraestructura de confianza, al mejorar la integridad de la información, la trazabilidad de las transacciones y la coordinación entre múltiples actores, particularmente en sistemas financieros y administrativos complejos. El organismo subraya que estos atributos son relevantes para aumentar la eficiencia operativa y fortalecer la gobernanza en economías cada vez más digitalizadas.
Blockchain, combinada con esquemas avanzados de criptografía e identidad digital, funciona como una capa de confianza que complementa a las instituciones existentes. Permite verificar identidades, proteger información sensible y asegurar transacciones en tiempo real, reduciendo fricciones históricas que han limitado la inclusión financiera y la eficiencia económica; no se trata de sustituir la gobernanza tradicional, sino de fortalecerla mediante infraestructura tecnológica confiable.
El reto para la región no es adoptar más tecnología, sino adoptar mejor”, apunta Mendieta. “Cuando la ciberseguridad y la criptografía se integran desde el diseño, dejan de ser un costo reactivo y se convierten en habilitadores de crecimiento y estabilidad”.
A inicios de 2026, América Latina se encuentra en un punto de inflexión. La región ha demostrado capacidad para escalar soluciones digitales con rapidez, pero esa velocidad no siempre ha sido acompañada por una arquitectura de confianza sólida, así que la oportunidad está en cerrar esa brecha antes de que los costos derivados de la desconfianza digital se consoliden como un lastre estructural.
La confianza digital no suele aparecer en los indicadores tradicionales; no se mide como el PIB ni se refleja de inmediato en los reportes trimestrales. Sin embargo, su ausencia se manifiesta con claridad en fraudes, interrupciones operativas, pérdida de competitividad y menor atractivo para la inversión.
En una economía cada vez más digital, la confianza deja de ser un intangible abstracto y se consolida como lo que realmente es: un activo económico estratégico para el desarrollo sostenible de América Latina.
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