La Cámara de Diputados aprobó este martes la creación de una nueva Ley General en materia de Extorsión, una reforma que endurece las sanciones contra este delito y fija penas que pueden alcanzar hasta 42 años de prisión. Con esta decisión, México busca combatir uno de los crímenes que más afecta a ciudadanos y empresas en todo el país.
La reforma fue avalada con 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención. Tras ratificar los cambios que el Senado había propuesto, el dictamen fue enviado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y su posterior entrada en vigor.
Un cambio estructural para combatir la extorsión
La nueva legislación no solo crea un ordenamiento general para todo el país, sino que también modifica el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y diversas leyes relacionadas con delincuencia organizada, extinción de dominio y la operación del Poder Judicial.
El objetivo principal es homologar las sanciones, ya que actualmente cada estado castiga la extorsión de manera diferente, lo que ha dificultado la persecución del delito y favorecido la impunidad. La iniciativa fue enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 20 de octubre, con la intención de cerrar ese vacío legal.
¿Qué conductas serán sancionadas con la nueva Ley General de Extorsión?
La Ley General en materia de Extorsión establece que se castigará a quien, sin derecho, obligue a otra persona a hacer, dejar de hacer, dar o tolerar algo, obteniendo un beneficio propio o para terceros, o causando un daño patrimonial, moral, físico o psicológico. Para este tipo de casos, la sanción será de 15 a 25 años de prisión.
La reforma contempla penas más altas en situaciones que representan mayor riesgo o impacto:
Aumento de penas por uso de tecnología
Si la extorsión se realiza mediante dispositivos, plataformas digitales, comunicaciones electrónicas o sistemas electromagnéticos, la pena aumentará entre 5 y 12 años adicionales. Con esto se busca combatir modalidades como llamadas falsas, mensajes intimidatorios o fraudes digitales.
Aumento de penas por uso de armas
Cuando la extorsión se cometa usando armas de fuego, instrumentos peligrosos o réplicas, la sanción será aún mayor, incrementándose de 7 a 17 años.
Extorsión que afecte a comunidades
La pena también aumentará en los casos en que el delito afecte de manera directa la economía de una comunidad, considerando prácticas como cobro de piso o exigencias sistemáticas a comercios locales.
Responsabilidad de servidores públicos
Los funcionarios encargados de prevenir, investigar o perseguir delitos que incurran en extorsión enfrentarán sanciones de 10 a 20 años de prisión, además de la inhabilitación correspondiente.
Un delito que crece en el país
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que, al cierre de 2024, México acumuló 10,804 víctimas de extorsión. Se trata de uno de los delitos con mayor cifra negra, pues muchas víctimas no denuncian por miedo o por desconfianza en las autoridades.
Con la nueva ley, el Gobierno federal busca generar un marco de actuación uniforme y fortalecer las herramientas legales para perseguir de manera más eficaz estas prácticas.
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