Ecuador habló fuerte y claro en las urnas. En un referéndum y consulta popular que el propio gobierno presentó como un parteaguas para la seguridad y el futuro institucional del país, la ciudadanía rechazó de forma contundente cuatro propuestas impulsadas por el presidente Daniel Noboa, entre ellas autorizar bases militares extranjeras y convocar una Asamblea Constituyente para reescribir la Carta Magna. El resultado no solo frena los planes de reforma del mandatario, también reabre el debate sobre soberanía, seguridad y desgaste político en un país golpeado por la violencia del crimen organizado.
Cuatro veces “No”: así votó Ecuador
El domingo 16 de noviembre de 2025, Ecuador acudió a las urnas para responder cuatro preguntas: tres de referéndum (reforma constitucional) y una de consulta popular. En todas, el “No” se impuso con márgenes significativos, configurando la primera gran derrota electoral del presidente Daniel Noboa desde que llegó al poder en 2023.
De acuerdo con datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), con más de 75% de actas escrutadas, la ciudadanía rechazó abrumadoramente el paquete de cambios. En particular, la propuesta de eliminar la prohibición constitucional de instalar bases militares extranjeras fue rechazada con alrededor de 60.5% de los votos; la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna fue la opción más castigada, con cerca de 61.6% de rechazo.
La participación superó 80%, una cifra alta que refuerza el peso político del resultado. Organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) reconocieron la jornada como ordenada, pacífica y sin incidentes relevantes.
Tras conocerse la tendencia irreversible, Noboa reconoció la derrota en un mensaje en X: aseguró que su gobierno “respeta la voluntad del pueblo ecuatoriano” y que seguirá trabajando “con las herramientas que tenemos” para enfrentar la crisis de seguridad.
Las preguntas clave: bases extranjeras, partidos, Congreso y Constituyente
La papeleta proponía cuatro cambios de alto impacto político:
1) Bases militares extranjeras
Eliminar el artículo de la Constitución de 2008 que prohíbe la presencia de bases militares de otros países en territorio ecuatoriano, una restricción adoptada después del cierre de la base estadounidense en Manta.
2) Financiamiento a partidos
Suprimir la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto a las organizaciones políticas.
3) Reducción de asambleístas
Disminuir el número de diputados y redefinir su fórmula de elección, para hacer “más eficiente” la Asamblea Nacional.
4) Asamblea Constituyente
Autorizar la convocatoria de una Constituyente para redactar una nueva Constitución, con facultades extraordinarias sobre el resto de poderes.
En todas las preguntas ganó el “No”, con márgenes que oscilaron entre 53.4% y 61.6%. La propuesta de bases militares extranjeras obtuvo 60.55% de rechazo, mientras que la Constituyente alcanzó 61.61% en contra, convirtiéndose en el punto más sensible y cuestionado del paquete.
Para el gobierno, las reformas buscaban “modernizar” el sistema político, reducir costos y dotar al Ejecutivo de herramientas más robustas frente al crimen organizado.
Pero para amplios sectores de la sociedad civil y de la oposición, se trataba de cambios poco claros, apresurados y con el riesgo de desequilibrar los contrapesos democráticos.
Seguridad, crimen organizado y la apuesta fallida de Daniel Noboa
El referéndum se celebró en medio de una crisis de seguridad sin precedentes. Ecuador, que hace poco más de una década era uno de los países más seguros de América Latina, se ha convertido en un corredor clave para el narcotráfico, con un aumento notable de homicidios, ataques con explosivos y asesinatos de políticos y periodistas.
Noboa defendió la necesidad de modificar la Constitución para facilitar la cooperación militar internacional –en particular con Estados Unidos– y habilitar la instalación de bases o infraestructuras compartidas que reforzaran la lucha contra los cárteles. Según el presidente, el marco constitucional vigente, heredado del gobierno de Rafael Correa, limita el alcance de los acuerdos de seguridad y hace más difícil enfrentar a las organizaciones criminales transnacionales.
La derrota del referéndum complica esa estrategia. Aunque Ecuador ya mantiene convenios de cooperación militar y de inteligencia con Washington y otros aliados, el “No” a las bases extranjeras envía una señal clara de resistencia a cualquier presencia permanente de ejércitos foráneos en suelo ecuatoriano, en un contexto regional marcado por la expansión de misiones militares estadounidenses en el Caribe y la presión de la Casa Blanca de Donald Trump para intensificar la “guerra contra los carteles” en la región.
Soberanía, desconfianza y enojo por el diesel
Más allá del tema de seguridad, la votación vehiculó otros malestares. Sectores indígenas, organizaciones sociales y oposición política articularon una campaña del “No” que combinó la defensa de la soberanía –sobre todo ante la idea de una base militar estadounidense– con la crítica a un proceso constituyente percibido como un “cheque en blanco” al Ejecutivo.
Analistas consultados por medios regionales señalan que la falta de claridad sobre el alcance real de la Asamblea Constituyente generó temor entre los votantes: no estaba definido qué se iba a cambiar, qué límites tendría el nuevo órgano ni cómo se garantizaría el equilibrio de poderes. En esas condiciones, muchos electores optaron por el principio de prudencia y votaron contra la reforma.
Qué sigue para Ecuador tras el referéndum
Con la derrota del referéndum, se mantiene vigente la Constitución de 2008, incluida la prohibición de bases militares extranjeras y el esquema actual de financiamiento público a partidos y tamaño del Legislativo.
Noboa deberá reorientar su agenda política y de seguridad dentro de ese marco y buscar acuerdos con una Asamblea Nacional donde el equilibrio de fuerzas luce ahora más complejo.
La presión social para mejorar la seguridad, contener la inflación y generar empleo no disminuirá. El mensaje de las urnas parece claro: la ciudadanía quiere soluciones inmediatas a sus problemas cotidianos y no está dispuesta a otorgar poderes extraordinarios sin reglas claras ni garantías.
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