Claudia Sheinbaum, presidenta de México, convocó de forma urgente al Gabinete de Seguridad la mañana del 2 de noviembre de 2025 en Palacio Nacional. Esto horas después del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, acribillado durante un evento público del Día de Muertos. La reunión, encabezada por el equipo federal de seguridad, busca coordinar respuesta inmediata en Michoacán. Asimismo, quieren prometer justicia “sin impunidad” y revisar qué falló en la protección de un funcionario que ya había denunciado amenazas del crimen organizado.
Reacción inmediata desde Palacio Nacional
El domingo 2 de noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum convocó al Gabinete de Seguridad a una reunión a las 09:00 horas. Esto tras confirmarse el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.
De acuerdo con Omar García Harfuch, titular de Seguridad federal, el llamado incluyó a Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, con el objetivo de coordinar apoyo directo al gobierno de Michoacán y garantizar que el crimen “no quede impune”.
Sheinbaum condenó públicamente el “vil asesinato” de Manzo, envió condolencias a su familia y al pueblo de Uruapan, y aseguró que su gobierno trabajará para capturar a los responsables. El mensaje no sólo fue político:
Fue también una señal de que el caso será tratado como asunto nacional de seguridad y no únicamente local.
Tras la reunión, el gobierno federal instruyó continuar la coordinación con la fiscalía de Michoacán y mantener presencia de fuerzas federales en la zona del atentado, mientras se reúnen videos, entrevistas y evidencias para integrar la carpeta de investigación.
¿Qué pasó en Uruapan? El ataque que encendió las alarmas
Carlos Manzo, alcalde independiente de Uruapan, fue baleado la noche del 1 de noviembre de 2025 durante la inauguración del Festival de Velas, una actividad pública de Día de Muertos en el centro de la ciudad, rodeado de familias y niños. Testimonios oficiales indican que, cuando el edil se tomaba fotos con asistentes, un agresor se acercó y abrió fuego.
Manzo fue trasladado de emergencia al hospital Fray Juan de San Miguel, donde perdió la vida poco después debido a las heridas de bala.
En el lugar hubo respuesta inmediata de los escoltas y fuerzas de seguridad: uno de los presuntos atacantes fue abatido y dos personas más quedaron detenidas. Estas detenciones fueron confirmadas por el Gabinete de Seguridad federal y por autoridades estatales.
El homicidio ocurrió a cielo abierto, frente a cámaras y teléfonos, y en un evento cultural que normalmente se asocia con turismo y comunidad, no con violencia armada. Ese nivel de exposición pública —un alcalde asesinado literalmente en la plaza principal— es lo que explica la rapidez con la que el gobierno federal elevó el caso a prioridad nacional.
¿Quién era Carlos Manzo y por qué su muerte pesa tanto?
Carlos Manzo era un alcalde independiente que había hecho de la confrontación directa al crimen organizado parte central de su narrativa política. Había denunciado en repetidas ocasiones la presencia de grupos armados en la región de Tierra Caliente, así como la presión de organizaciones criminales sobre sectores económicos estratégicos como el aguacate, uno de los motores productivos de Michoacán.
Su asesinato no ocurre en el vacío. Con su muerte, suman al menos seis presidentes municipales asesinados en México en lo que va de 2025, dos de ellos en Michoacán, un estado históricamente asediado por disputas entre organizaciones criminales y con presencia de grupos armados con entrenamiento tipo paramilitar.
El estado de la seguridad en Michoacán
Michoacán es parte de la franja de Tierra Caliente, una región marcada por disputas violentas entre estructuras criminales que buscan controlar producción agrícola, extorsión y rutas de trasiego. Uruapan, uno de los municipios más poblados del estado, ha sido históricamente un punto clave en esa red económica y criminal.
En este contexto, la figura del alcalde deja de ser sólo política y se vuelve operativa: el presidente municipal es quien autoriza licencias, maneja policía local, influye en obra pública y, en la práctica, decide qué grupos pueden operar con más o menos presión. Por eso, los alcaldes de Michoacán —y de otros estados con fuerte presencia del crimen— han sido blanco recurrente de atentados.
¿Qué significa esta reunión de seguridad para el futuro inmediato?
La convocatoria urgente al Gabinete de Seguridad coloca el caso Uruapan como una prioridad federal y adelanta la línea de gobierno de Sheinbaum frente a la violencia política: centralizar coordinación, reforzar presencia militar y de Guardia Nacional en zonas críticas, y comprometer públicamente “cero impunidad” cuando un funcionario es asesinado.
Este tipo de respuesta es un mensaje hacia tres públicos:
- Hacia Michoacán: habrá más vigilancia federal y seguimiento directo desde la capital, no sólo apoyo retórico.
- Hacia otros alcaldes del país: el gobierno reconoce el riesgo en que viven y promete acompañamiento, al menos en los casos más visibles.
- Hacia los grupos criminales: el homicidio de un alcalde en plaza pública se leerá como desafío directo al Estado, y ese tipo de desafío tendrá costo.
Pero también deja preguntas abiertas que deberán contestarse en el corto plazo:
- Si Manzo tenía protección federal, ¿por qué el ataque fue posible?
- ¿Qué protocolos de seguridad se aplicarán ahora a alcaldes que han denunciado amenazas similares?
- ¿Habrá cambios en la estrategia de seguridad en Tierra Caliente, más allá de operativos temporales?
La respuesta a esas preguntas marcará si el llamado “cero impunidad” se traduce en una transformación real de la seguridad municipal o si se queda en mensaje político tras una tragedia.
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